Guanajuato, Gto 21 DE ENERO 2026 . – En la primera sesion de esta comision de este año las iniciativas de ley que ha recibido el congreso del estado son un total de 20.
La primera plantea cambios al Código Penal con la finalidad de reformular el tipo penal de terrorismo para ampliar su espectro de protección social, así como establecer la figura equiparada de terrorismo o ciberterrorismo cuando los hechos en los delitos informáticos tengan la misma finalidad de causar miedo, perturbar la paz social o atacar a las instituciones de gobierno estatal o municipal.
Se enviará al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y al Instituto de Investigaciones Legislativas.
La segunda propone ajustes al Código Civil en materia de certificaciones del estado civil en formato braille, y pedirá a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas realice un análisis con el objeto de poder ubicar la pertinencia de la emisión de actas en los Registros Civiles.
Además, se remitirá a la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que envíen sus opiniones; y se acordó llevar a cabo un proceso de consulta a personas con discapacidad.
La tercera se trata de una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con la finalidad de crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Informáticos y cometidos con Medios Electrónicos en el Estado de Guanajuato. Para su estudio se pedirá a la Unidad de los Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal y se enviará a la Fiscalía General.
La cuarta es una iniciativa que plantea cambios al Código Penal para incorporar la cohabitación forzada de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.
En este punto se acordó implementar un proceso de consulta a niñas, niños y adolescentes, a pueblos y comunidades indígenas y a personas con discapacidad; solicitar a la Unidad de los Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal, y enviarla al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Secretaría de las Mujeres y a la Fundación Eufrosina Cruz para que manden sus comentarios.
La quinta corresponde a una propuesta para realizar ajustes al Código Civil, con el objetivo de reconocer la violencia vicaria como causa de pérdida de la patria potestad. Para su análisis se aprobó llevar a cabo un proceso de consulta a niñas, niños y adolescentes. También, se avaló remitirla al Supremo Tribunal de Justicia, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Secretaría de las Mujeres y al Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria.
La sexta, relativa a una iniciativa de reforma al Código Penal con la finalidad de eliminar excusas absolutorias en casos de feminicidio, se remitirá al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que envíen sus comentarios.
La séptima se trata de una propuesta para ajustar el Código Civil y establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento no tengan caducidad y sean válidas para cualquier trámite ante cualquier ente público o privado. Se remitirá a la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que den sus observaciones.
La octava corresponde a una iniciativa de reforma al Código Penal para que se tipifique como delito autónomo el reclutamiento y utilización forzada de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, y agravar las sanciones para quienes cometan este acto. En este punto se pidió realizar un proceso de consulta a niñas, niños y adolescentes, y para su análisis se enviará al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En cuanto a la novena, se propone reformar el Código Penal para tipificar el delito de zooerastia, y se enviará para sus comentarios al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La décima corresponde a una iniciativa para realizar cambios al Código Civil y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con el objeto de garantizar el respeto a la identidad, expresión de género y dignidad póstuma de las personas de la diversidad sexual y de género, especialmente de las personas trans.
Para su análisis se solicitará opinión a la Secretaría de Gobierno, a la Fiscalía General, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a todas las personas de la diversidad sexual y de género, y a los colectivos: Chicas Biles, Gto Libre, Morada, Yumana y Gto Diverso.
La onceava es una propuesta para hacer modificaciones al Código Civil, a fin de reconocer la pensión compensatoria como una figura jurídica autónoma, distinta de las pensiones alimenticias o compensaciones patrimoniales; y se acordó remitirla al Supremo Tribunal de Justicia, a la Secretaría de las Mujeres y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La doceava corresponde a una iniciativa de reforma al Código Penal con el objeto de tipificar la sumisión química; y se mandará para consulta al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Respecto a la treceava, se trata de una propuesta de reforma al Código Penal para modificar el tipo penal de abuso sexual y enviarla al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La catorceava es una propuesta presentada por el ayuntamiento de Celaya, que plantea cambios al Código Penal, a fin de tipificar los delitos de crueldad animal y zoofilia, la cual se mandará al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La quinceava propone modificaciones al Código Penal para prohibir la realización de cirugías estéticas en personas menores de dieciocho años, y para su estudio se pedirá opinión al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La dieciseisava busca ajustar el Código Penal para fortalecer el tipo penal de abuso sexual, y se mandará al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Secretaría de las Mujeres estatal, y se llevará a cabo un proceso de consulta a personas con discapacidad.
La decimoséptima es una propuesta que también incide en el citado Código para que no se aplique el término exceso en la legítima defensa cuando se defienda un bien propio o ajeno, en los casos de violencia física, sexual o feminicida, y para su análisis se remitirá al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La décimooctava que también busca ajustes a la norma penal propone fortalecer el combate a la corrupción se mandará a consulta al Supremo Tribunal de Justicia y a la Fiscalía General; mientras que la décimonovena propone cambios a la reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado en materia de ajustes al juicio de información testimonial en las comunidades indígenas, se enviará para opinión al Supremo Tribunal de Justicia.
La última para ajustar el Código Penal con el objetivo de incrementar las sanciones y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento de menores en actividades ilícitas por parte de grupos delictivos, se mandará al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Mismo trámite tuvo el punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado para que se informe sobre las diligencias y actos de investigación que realizó dentro de la carpeta correspondiente a los hechos denunciados relacionados con el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado; y remita la fundamentación y motivación que sustentó la determinación de no ejercicio de la acción penal, así como las razones puntuales por las cuales consideró que los hechos denunciados no constituyen delito.
Al respecto, la legisladora Susana Bermúdez Cano señaló que el Poder Legislativo carece de atribuciones para solicitar información sobre los actos de investigación ministerial, con base en el Principio de Legalidad que rige para las autoridades que señala: “las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les autoriza”, en consecuencia, subrayó que el Congreso del Estado carece de competencia para solicitar cualquier información derivada de los actos de investigación de una carpeta de investigación penal, bajo el Principio de Legalidad.
En ese sentido, precisó que el punto de acuerdo debe dictaminarse en sentido negativo. Su propuesta fue avalada por mayoría de votos.
En otros asuntos, también se avaló la metodología de análisis de la iniciativa de reforma al Código Civil con el objeto de incorporar un nuevo capítulo denominado “Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos”, que se enviará para opinión al Supremo Tribunal de Justicia y al Instituto de Investigaciones Legislativas; así como de la propuesta para modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear una Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se mandará para consulta a la Fiscalía General, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
Todas las iniciativas se turnaron a la Consejería Jurídica para su opinión. Además, todos los entes consultados contarán con 15 días hábiles para remitir sus comentarios, mismo periodo quedará habilitada, para todas las iniciativas, una liga en el portal de internet del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
También se acordó que, toda vez que la iniciativa de reforma al Código Penal a fin de incorporar las características, componentes y supuestos adicionales para armonizar el tipo penal de feminicidio con el Modelo de INMUJERES y CONAVIM, fue objeto de archivo, se avaló modificar el acuerdo para que se lleve a cabo una mesa de trabajo con autoridades.
En seguimiento a las metodologías de trabajo de las iniciativas de reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a fin de crear el Registro de Personas Agresoras Sexuales y constituir un sistema de información de carácter público; y de la que pretende reformar el Código Penal para incorporar una pena más severa en el tipo penal de violencia familiar, se acordó llevar a cabo mesas de trabajo el viernes 23 de enero a las 10:00 horas.
Finalmente, en cuanto al seguimiento a las iniciativas de reforma al Código Penal para incluir el delito de violencia vicaria y para contrarrestar el delito de cobranza extrajudicial, así como el de extorsión, se acordó llevar a cabo mesas internas de asesores el viernes 6 de febrero; mientras que la propuesta para incluir el principio de interés superior de la niñez en la citada norma, se avaló realizar una mesa de trabajo el miércoles 11 de febrero.
En el apartado de asuntos generales, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor externó su compromiso por sumar y trabajar, así como para dar resultados que beneficien a la población.
