Guanajuato, Gto 9 abril 2026. – El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Presidencia de la República, para que, en el ámbito de sus facultades constitucionales y legales, y en atención a la decisión adoptada por el Comité Contra la Desaparición Forzada, adopte una postura institucional orientada al fortalecimiento de la cooperación internacional, el diálogo constructivo y la implementación efectiva de medidas que permitan prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones de personas en el país.
Asimismo, para que, en congruencia con las acciones propuestas por dicho comité a la asamblea general, promueva, facilite y, en su caso, acepte el acceso a mecanismos de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada internacional, particularmente en las áreas de búsqueda de personas, análisis e identificación forense, así como en la investigación exhaustiva de las desapariciones y de los posibles vínculos entre agentes del estado y la delincuencia organizada.
Al hacer uso de la voz, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia expresó que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico mexicano y que los derechos humanos reconocidos en ellos y en la Constitución deben interpretarse y aplicarse de manera armónica, privilegiando en todo momento el principio pro persona.
La legisladora refirió que el 19 de marzo de 2026 el Comité contra la Desaparición Forzada emitió una decisión en la que determinó que existen indicios bien fundados de que en México la desaparición forzada podría estarse practicando de manera generalizada o sistemática. El documento precisa que el Comité observó patrones estructurales, deficiencias en prevención, búsqueda, investigación y sanción, además de obstáculos para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La congresista precisó que la postura del gobierno federal de rechazar el informe del comité revela una actitud defensiva que no abona a la construcción de un Estado sólido frente a la crisis de desapariciones, además de que el no reconocer el problema resulta jurídicamente cuestionable y políticamente contraproducente por invisibilizar a las víctimas y debilitar la confianza en las instituciones.
Finalmente, Tiscareño Agoitia externó que la propuesta insiste en que la respuesta institucional debe centrarse en la autocrítica constructiva y en la adopción de medidas efectivas ante la problemática.
