Guanajuato, Gto 20 mayo 2026. – La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa para crear la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, con la finalidad de establecer un marco jurídico integral para garantizar el derecho a la vivienda digna mediante la creación de un procedimiento claro, uniforme y técnicamente sustentado que permita transformar asentamientos informales en zonas plenamente incorporadas al orden urbano.
Las representaciones institucionales externaron que la iniciativa atiende una problemática estructural severa mediante un objeto constitucionalmente válido y convencionalmente compatible, fundamentando la necesidad de una ley estatal formal que sustituya esquemas fragmentarios por un procedimiento administrativo definido, reduzca la discrecionalidad y ordene la regularización como un mecanismo excepcional con límites materiales expresos que excluyan zonas de riesgo; advirtieron que, a pesar de la legitimidad de sus fines, el diseño normativo e institucional propuesto resulta deficiente debido a la falta de congruencia con el Código Territorial vigente; e indicaron una carencia de capacidades operativas, metodológicas, tecnológicas y presupuestales homogéneas en los 46 municipios para sostener instrumentos complejos como el Padrón Único Estatal, por lo que recomendaron valorar la reestructura integral del proyecto.
También, propusieron vincular obligatoriamente la procedencia de la regularización a los programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial vigentes; que se incorporen las definiciones de zona urbana, zona rural e infraestructura, así como el homologar los conceptos de predio urbano y rústico con el marco estatal, y condicionar los expedientes técnicos a una constancia de factibilidad con uso de suelo habitacional; y se manifestó la urgencia de unificar criterios ante las discrepancias de delimitación con el Registro Agrario Nacional y el catastro, al señalar que se debe definir un órgano rector que determine la viabilidad técnica en asentamientos consolidados con servicios pero ubicados sobre fallas geológicas o zonas de impacto de obras federales, evitando así la clandestinidad económica y garantizando la viabilidad de usos de suelo mixtos.
Asimismo, se observó que la propuesta tiene que incluir predios ejidales con dominio pleno absorbidos por la mancha urbana, así como el exentar de áreas de donación a polígonos consolidados sin espacio físico, especificar que el valor para la regularización aplique solo al suelo y no a las construcciones, fijar límites mínimos y máximos de superficie para evitar abusos en zonas de reserva; se alertó sobre los graves vacíos fiscales federales frente al ISR; y se destacó que la propuesta robustece las bases generales para que los gobiernos locales intervengan de manera integral en políticas de vivienda adecuada, focalizando soluciones desde el origen de la informalidad y relacionando la certeza jurídica de la tenencia de la tierra con los instrumentos de planeación territorial.
Al hacer uso de la voz, la diputada Angélica Casillas Martínez indicó que robustecer las reformas en materia de regularización representa un reto indispensable para hacer efectivo el derecho humano a una vivienda digna y saldar una deuda histórica con miles de familias que han vivido por décadas en condiciones de vulnerabilidad e inseguridad patrimonial.
Señaló que este proceso no debe limitarse a un enfoque puramente administrativo, sino asumirse como un auténtico instrumento de justicia social, inclusión territorial y protección de derechos, además de que la diversidad de experiencias compartidas por los municipios en temas rurales, ejidales y de migración urbana servirán de insumo para mejorar la propuesta con la creación de un marco normativo sólido y equilibrado, que busque la protección de las familias que recurren a la informalidad por necesidad.
En su intervención, la legisladora Luz Itzel Mendo González precisó que cada una de las aportaciones técnicas y de campo serán el pilar fundamental para el proceso de dictaminación de esta nueva ley, junto a que, el éxito de la norma radica en su viabilidad operativa, por lo que resulta crucial delimitar con claridad las funciones, atribuciones y responsabilidades de cada actor institucional para asegurar que el crecimiento comunitario responda a las realidades estructurales y territoriales de Guanajuato.
Finalmente, dijo que el objeto principal de la iniciativa trasciende la entrega de un título de propiedad, pues su verdadera meta es combatir la desigualdad social, reconocer derechos fundamentales y abrir las puertas a una vida digna y con mejor calidad para miles de familias de Guanajuato.
