Guanajuato, Gto 6 junio 2026. – Alejandro Arias diputado del PRI en el congreso del estado de Guanajuato presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal con el objetivo de fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, ampliar las conductas consideradas como delitos por hechos de corrupción y establecer sanciones más severas para los servidores públicos que beneficien a integrantes de asociaciones delictivas u organizaciones criminales.
Al hacer uso de la voz para exponer la propuesta, el diputado Alejandro Arias Ávila señaló que la corrupción y la infiltración de grupos criminales en las instituciones públicas representan uno de los principales retos para el Estado, por lo que resulta necesario actualizar el marco jurídico para responder a las nuevas formas de colusión entre servidores públicos y la delincuencia.
El legislador refirió que la iniciativa busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten que determinados actos realizados desde el servicio público, aun cuando aparenten legalidad administrativa, puedan generar beneficios directos o indirectos a personas relacionadas con actividades delictivas sin que existan mecanismos penales suficientemente eficaces para sancionarlos.
Entre los objetivos de la propuesta destacó el fortalecimiento de los tipos penales relacionados con hechos de corrupción, particularmente los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Asimismo, manifestó que se plantea ampliar las hipótesis de responsabilidad penal cuando las conductas de los servidores públicos tengan como finalidad favorecer a personas vinculadas con asociaciones delictivas u organizaciones criminales, así como imponer la inhabilitación permanente para ocupar empleos, cargos o comisiones públicas en los casos de mayor gravedad.
De igual manera, dijo, se propone sancionar con mayor severidad conductas relacionadas con la entrega de información privilegiada, la asignación irregular de contratos, concesiones, permisos o adjudicaciones, así como el uso indebido de recursos públicos cuando dichas acciones beneficien a grupos criminales o a personas relacionadas con éstos.
Arias Ávila resaltó que la corrupción genera graves afectaciones al desarrollo económico, la confianza ciudadana y el fortalecimiento institucional, además de propiciar espacios para la operación de redes delictivas dentro de las estructuras gubernamentales.
Finalmente, el legislador indicó que la actualización de la legislación penal permitirá dotar a las autoridades de mayores herramientas para prevenir, investigar y sancionar conductas de corrupción vinculadas con la delincuencia organizada, contribuyendo al fortalecimiento del estado de derecho y de las instituciones públicas en Guanajuato.
