Guanajuato, Gto 20 agosto 2026. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Luz Itzel Mendo González formularon un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la Red Consular de México en los Estados Unidos de América, fortalezca las acciones de asistencia jurídica y protección consular de las personas mexicanas y, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones diplomáticas conducentes ante las autoridades de los Estados Unidos de América, a efecto de solicitar que se abstengan de autorizar, implementar o emplear dispositivos de descarga eléctrica, incluidos los denominados guantes Trax, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), particularmente en acciones de detención, custodia o control migratorio.
De igual manera, para que valore la procedencia de poner en conocimiento del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, la información relativa a la eventual implementación y uso de dispositivos de descarga eléctrica por autoridades migratorias del citado país, a efecto de que dicha información pueda ser examinada, conforme a las competencias y procedimientos aplicables, a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por ese Estado en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Finalmente, para que, a través de la Red Consular de México en los Estados Unidos de América, fortalezca las acciones de información, orientación, asistencia jurídica y protección consular de las personas mexicanas sujetas a detención, custodia, procedimientos migratorios o repatriación, así como los mecanismos para documentar y dar seguimiento a los casos en que se reporte, en su caso, el uso de dispositivos de descarga eléctrica por parte de autoridades migratorias estadounidenses, a fin de facilitar el acceso oportuno a los mecanismos de protección y defensa que resulten procedentes.
Al hacer uso de la voz, la diputada Yesenia Rojas Cervantes habló sobre los hechos registrados por diversos medios de comunicación sobre las acciones de control migratorio que se están suscitando en distintos estados de la Unión Americana.
Apuntó que recientemente ha generado preocupación la difusión de información relativa a la intención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) de adquirir y desplegar guantes con capacidad de generar descargas eléctricas para ser utilizados por agentes migratorios durante operativos de detención.
La legisladora precisó que dichos dispositivos podrían representar un riesgo para la integridad física y los derechos humanos de las personas sujetas a procedimientos migratorios y que organizaciones de derechos civiles en los Estados Unidos han expresado preocupación por el potencial uso excesivo de la fuerza y por la insuficiente supervisión de dichas herramientas.
Rojas Cervantes manifestó que algunos estados del citado país han impulsado legislación con efectos directos sobre personas migrantes, como Tennessee, donde se aprobaron disposiciones que tipifican como delito la permanencia de personas con orden final de deportación en determinadas circunstancias, lo que ha provocado litigios y cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y de asistencia jurídica a migrantes.
La diputada subrayó que el Estado mexicano no puede permanecer indiferente ante medidas que pudieran comprometer la integridad física, la dignidad humana o el acceso a garantías fundamentales de personas mexicanas radicadas en el extranjero, particularmente cuando existen reportes sobre el uso de dispositivos de control mediante descargas eléctricas durante detenciones migratorias.
Agregó que cualquier modificación normativa o administrativa susceptible de afectar los derechos de las familias mexicanas en los Estados Unidos amerita seguimiento permanente por parte del Estado mexicano, especialmente cuando se encuentran involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes de ascendencia mexicana.
Finalmente, Rojas Cervantes indicó que la propuesta no pretende sustituir las investigaciones que corresponden a las autoridades estadounidenses ni atribuir responsabilidades sin una investigación concluida, sino que el objetivo es exigir que el Estado mexicano ejerza de manera preventiva y efectiva sus facultades de protección consular, diplomática y jurídica y que el Congreso del Estado pueda dar seguimiento institucional a los resultados.
