GUANAJUATO GTO 30 Junio 2022.- Por cuestiones ideológicas, más que jurídicas y ni siquiera políticas, la bancada panista se negó a precisar en qué consisten las órdenes de protección para preservar la integridad de víctimas de la violencia en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, afirmó la diputada Yulma Rocha.
Durante la sesión con la que llegó a su fin el primer año de ejercicio legal de la LXV Legislatura, fueron aprobadas diversas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia en materia de Órdenes de Protección.
Rocha Aguilar presentó el dictamen, respecto de lo cual señaló que estaba incompleto porque aunque regula el proceso de emisión de las órdenes de protección, paradójicamente fueron eliminados dos artículos que especificaban en qué consisten las mismas.
Mencionó que el incluirlos y darles visibilidad evitaría omisiones y procuraría que, al emitir las órdenes de protección, las autoridades competentes sí tomen en consideración todas las posibilidades y dicten acciones que garanticen la más amplia y efectiva protección a la víctima.
Cabe mencionar que el dictamen que la diputada Rocha como Presidenta puso a consideración en la Comisión para la Igualdad de Género sí contenía dos artículos que precisaban la consistencia de las órdenes de protección administrativas y jurisdiccionales, pero el argumento de AN para desecharlos fue que algunas de estas medidas son de carácter procesal y no es competencia del Congreso local legislar sobre ellas.
Sin embargo, en las reservas que propuso para tratar de incluir nuevamente los artículos ya se subsanaba la preocupación de la Bancada Panista, pues no se incluían las medidas de carácter procesal, ante lo cual, Acción Nacional se negó argumentando que ya estaba bien el Dictamen en la manera en la que había sido aprobado.
Ante ello, Rocha insistió en la importancia de incluir en qué consisten dichas órdenes para evitar omisiones y expuso que otras entidades federativas ya han reformado sus leyes locales en la materia con una armonización completa con la Ley General de Acceso, entre otras Baja California Sur, Campeche, Durango, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas si incluyeron estas especificaciones.
También, resaltó que menos 10 de las 31 acciones señaladas en la Ley General, actualmente ya están contempladas también en la Ley de Acceso local vigente, e incluso algunas de ellas son de carácter procesal, sin que se haya tenido problemas por ello y cuestionó la postura de Acción Nacional no solamente de no incluir las nuevas órdenes de protección, sino también de quitar las que ya se encuentran en la Ley vigente.
Ante la falta de argumentos jurídicos por parte de Acción Nacional, la legisladora priista exhibió que el trasfondo de negarse a darle visibilidad a las medidas en las que pueden consistir las órdenes de protección, “no es una cuestión jurídica y ni siquiera política, sino ideológica”, pues recordó que entre esas medidas se incluyen la aplicación de métodos anticonceptivos de emergencia y el acceso a interrupciones legales y gratuitas del embarazo, “temas muy incómodos para Acción Nacional”, añadió.
No obstante sus reservas, la congresista priista habló también de las bondades de la iniciativa de reforma, entre otras, la de ampliar de 72 horas a 60 días la vigencia de una orden de protección con posibilidad de una prórroga de hasta 30 días adicionales o lo que dure el proceso, y el hecho de que además del Ministerio Público también la puedan otorgar autoridades administrativas como la Secretaría de Gobierno, El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, las Instituciones de Seguridad Pública Municipales y las Instancias Municipales de Atención a las Mujeres. Lo que hará que su emisión sea más fácil, rápida y eficiente.
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