Guanajuato, Gto 23 marzo 2023. – En sesión ordinaria de Pleno, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal con la finalidad de penalizar a los servidores públicos que sean integrantes de cualquier institución de seguridad pública, impartición y procuración de justicia, que difundan cualquier tipo de contenido a través de imágenes, videos, documentos o información de la víctima, del cadáver o de sus restos.
Al hacer uso de la voz, la diputada Melanie Murillo Chávez indicó que las reformas planteadas traerán un beneficio a las víctimas al proteger la integridad de la persona cuando se vea involucrada en un hecho violento o cualquier delito, al tener mecanismos que prohíban filtrar material o información delicada que más allá de servir como una prueba, crean morbo y hasta se comercialicen las imágenes con la prensa, lo que ocasiona incomodidad en los familiares de las víctimas.
La congresista refirió que los homicidios, suicidios, hechos de tránsito o viales han ido en aumento y que por el incremento de la utilización de tecnologías se puede observar el momento preciso en que ocurren los hechos, donde en la mayoría de las ocasiones no se mide el alcance que pueda tener la difusión de una fotografía o video cuando una persona se encuentra herida o incluso fallecida.
Agregó que les preocupaba el impacto social que se genera alrededor del trato que reciben las víctimas o sus cadáveres que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presenten, por lo que se pretende regular la conducta ilícita del servicio público y, con ello, evitar la filtración de las imágenes o videos que estimulen el morbo o que se comercialice.
Murillo Chávez precisó que en otros congresos locales se tienen previstas reformas legislativas que tipifiquen como delito la difusión de imágenes o información de víctimas, aumentando la pena cuando se trate de mujeres, niñas, niños y adolescentes, condiciones que también se planea que sean visibles en el Código Penal de la entidad.
Finalmente, la diputada comentó que tipificar las conductas antes mencionadas no tiene el objetivo de trasgredir el derecho a la información de los medios de comunicación o periodistas, sino que se quiere garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública y salvaguardar la dignidad de las personas afectadas y sus familiares, así como su revictimización.
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