Guanajuato, Gto 2 Mayo 2024. – Los diputados Ernesto Millán Soberanes y David Martínez Mendizábal presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato para que dicte una resolución y ordene la clausura definitiva del fraccionamiento Cucursola, instruya y disponga lo necesario para que se elabore y dictamine un estudio de afectación ambiental en el que deberán indicarse las medidas de restauración y compensación a efectuarse para garantizar la remediación de las afectaciones ocasionadas por ese proyecto inmobiliario.
De igual manera, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General estatal para que finalice la investigación y, en su caso, lleve a cabo las acciones de responsabilidad penal correspondientes a la carpeta de investigación del citado asunto; y tanto a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato (PAOT) como a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a fin de que colaboren con el objeto de procurar justicia ambiental.
Al hablar sobre las consideraciones de la propuesta, el diputado Ernesto Millán Soberanes manifestó que en medio de una crisis hídrica y ambiental sin precedentes que se vive tanto en el estado de Guanajuato como en su municipio capital, la destrucción de bosques y ecosistemas para la construcción de proyectos inmobiliarios ilegales e indebidamente autorizados sigue prevaleciendo.
Apuntó que las autoridades estatales encargadas de procurar la justicia ambiental en la entidad son extraordinariamente frágiles al momento de aplicar la ley y sancionar a quienes, con sus actividades, ponen en riesgo los bienes comunes naturales de las y los guanajuatenses.
En ese sentido, se refirió al fraccionamiento La Cucursola, proyecto que se ubica en la sierra de Santa Rosa en el municipio de Guanajuato, y que, dijo, es propiedad de un exdiputado federal del Partido Acción Nacional, a través de la sociedad mercantil Loma de Irapuato S.A. De C.V.
Asimismo, comentó que, de una revisión a las licencias, permisos y autorizaciones otorgadas al citado fraccionamiento se podía observar que las autoridades municipales en materia ambiental y de desarrollo urbano no sólo han sido complacientes, sino que han pervertido la aplicación de ley para ayudarle al propietario y a su empresa a imponerse por sobre el interés general de la sociedad y su derecho humano al medio ambiente sano.
El congresista detalló las acciones legales que han sido promovidas por organizaciones de la sociedad civil y las causas por las cuales se oponen a la construcción de ese espacio habitacional, entre ellas se fragmenta el territorio y se alteran los servicios ambientales que ofrece la Sierra de Santa Rosa; les afecta y empobrece; debilita el tejido social de las comunidades, entre otras.
Entre las varias irregularidades que cita, el diputado mencionó que no se cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), por lo cual la obra se encuentra suspendida. Además, comentó que se han realizado una serie de denuncias por la forma en que se hicieron las cosas, las cuales no cumplen con lo señalado en la norma.
“Ni la SMAOT han presentado el estudio de afectación ambiental y ni su dictamen respecto del fraccionamiento ante la PAOT, por lo que estamos a casi un año de que la autoridad ambiental logró reunir los elementos jurídicos suficientes para dictar una resolución sancionadora ordenando la restauración del ecosistema afectado al punto anterior a su intervención y, sin embargo, parece haber instrucciones superiores que dificultan el acceso a la Justicia Ambiental de la sociedad guanajuatense”, finalizó Millán Soberanes.
