Guanajuato, Gto 21 Septiembre 2026. – En la Comisión de Justicia Previo al inicio de la aprobación del orden del día, que contemplaba el análisis de tres iniciativas de reforma al Código Penal en materia de interrupción legal del embarazo, la diputada Susana Bermúdez Cano solicitó el cambio de este.
Bermúdez Cano comentó que durante esta legislatura han impulsado propuestas encaminadas a garantizar los derechos humanos de todas y todos los guanajuatenses siempre con la firme convicción de garantizar el derecho a la vida humana, sin el cual, dijo, todos los demás se desvanecen, que es la vida; sin él, subrayó, la libertad y la igualdad se vuelven meras palabras vacías.
“No caigamos en la trampa de dividir para moverla; la vida de la madre, la vida de la hija o hijo no son causas, son dos vidas que merecen el mismo respeto, la misma protección de nuestras leyes. Compañeras y compañeros legisladores no decidimos sobre un trámite ni una abstracción jurídica; decidimos sobre la dignidad humana”.
Y dejo muy en claro que desde el PAN siempre defenderán la vida con la firmeza de quien sabe que está haciendo lo correcto, para decir al futuro que se eligió el camino de la compasión, de la protección y del amor hacia la vida humana por sobre cualquier otra consideración.
En ese sentido, propuso incluir el punto cuatro para llevar a cabo una convocatoria para el proceso de consulta para personas con discapacidad y a niñas, niños y adolescentes sobre diversas iniciativas de reforma al Código Penal estatal, a fin de fortalecer la protección de la libertad, la seguridad e integridad física y emocional de las personas víctimas del delito de acecho; en materia de los delitos de acecho y abuso sexual; fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al delito de corrupción y explotación sexual, y en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente.
De igual manera, añadir un punto quinto para la declaratoria de caducidad de plazo de cuatro iniciativas y tres puntos de acuerdo. La primera para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de normar y aprobar una política de inclusión laboral para personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias al servicio público del estado; la segunda, proponía cambios al Código Penal con la finalidad de calificar como delito el desmonte, derribo o tala de árboles y la destrucción de la vegetación, siempre y cuando se realicen en zonas urbanas o en zonas de jurisdicción estatal o municipal.
La tercera y la cuarta planteaban cambios al Código Civil para incorporar un capítulo sobre responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos y eliminar la caducidad en las actas de nacimiento. En cuanto a los puntos de acuerdo que solicitaban destituir al secretario de Salud, garantizar la participación e información a colectivos de búsqueda y que se investigaran presuntas faltas administrativas de funcionarios de la Fiscalía General.
Por su parte, la congresista Karol Jared González Márquez externó que su decisión no iba a cambiar, sin importar las veces que se presentara el tema. Comentó que las veces que se pretenda eliminar de las leyes la protección de la vida defenderá su posición con la misma congruencia y con la misma determinación.
“Para nosotros esto no es un asunto de coyuntura política; es una convicción y es una de las causas que representamos. También hay algo que debemos dejar muy claro, existe un procedimiento ante la Suprema Corte, pero la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente todavía debe ser resuelta por la propia corte y, por eso, nosotros no vamos a adelantarnos a esa decisión”, enfatizó.
En su oportunidad, el congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas reiteró la convicción profunda de la defensa de la vida, la cual, dijo, está perfectamente sustentada en la Constitución Política local.
Apuntó que el Congreso del Estado debe de ser respetuoso del Poder Judicial de la Federación y observar la fuerza vinculante de sus criterios obligatorios, es decir, la jurisprudencia de la que estaban hablando, la Suprema Corte obliga a las autoridades jurisdiccionales que no están dentro de ese supuesto.
Indicó que el procedimiento de declaratoria general 16/2025 no ha concluido con una declaratoria emitida y no impone al Congreso un mandato de hacer, solo prevén la notificación a la autoridad emisora y vencido el plazo y que el pleno de la Suprema Corte decida si la emite, aun cuando sea emitida, sus alcances y condiciones están establecidas, no sustituyen la función legislativa ni fijan al Congreso el sentido de la reforma materia de su libertad de configuración legislativa.
La legisladora María Eugenia García Oliveros Venía calificó como vergonzoso que el Congreso del Estado no acate en tiempo y forma la responsabilidad que tiene para la urgente despenalización del aborto en la entidad.
Precisó que era claro que por más mesas de trabajo y discusiones que tengan sobre el fondo de la despenalización del aborto, difícilmente las y los representantes del conservadurismo en el Congreso iban a cambiar de opinión sobre su proyecto antiderechos, y remarcó que esa postura era insostenible, que pretendían desde el discurso decir que son partidarios de derechos humanos cuando por años los han rechazado.
En su intervención, la legisladora Martha Edith Moreno Valencia manifestó que la discusión era una cuestión de procesos legislativos y que el proceso ha sido una excusa con la que por décadas los derechos humanos de las mujeres no se han discutido, porque no se estaba abordando una redacción concreta que vendría en el dictamen, sino que se discutía si se haría uno para garantizar los derechos humanos de las mujeres o uno para seguir intentando retrasar lo inevitable.
Señaló que se estaba otra vez contra los derechos de las mujeres y pidió a sus compañeros que les dijeran a las mujeres guanajuatenses que prefieren que venza el plazo de la Suprema Corte en lugar de hacer su trabajo.
Moreno Valencia argumentó que con estas decisiones querían seguir criminalizando a las mujeres más pobres, a las más vulnerables, a las de escasos recursos, las que no pueden ir a otro estado o acceder a la información clara. Subrayó que nadie se embaraza para abortar y quienes toman una decisión de no continuar no deben cargar además con un estigma y con la acusación penal del Estado.
En su oportunidad, la congresista Plásida Calzada Velázquez expresó que, como mujer de origen rural e indígena, sabía exactamente lo que significa que el Estado llegue tarde o que definitivamente nunca llegue. Resaltó que hoy podían afirmar que criminalizar no salva vidas, sino que solamente intensifica las desigualdades y las hace más dolorosas.
Argumentó que la justicia no puede depender del lugar donde cada uno vive y que ninguna mujer debería ir a la cárcel por tomar una decisión sobre su vida. Indicó que hoy existe un mandato directo de la Suprema Corte para dejar de criminalizar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo, pero que tenían algo más importante: una responsabilidad con las mujeres y sus derechos que hace muchos años debieron haber escuchado y garantizado.
Afirmó que no se trataba de una cuestión técnica sino que lo estaban llevando a un terreno político, que estaban con las mujeres o en su contra.
En una segunda intervención, la legisladora Susana Bermúdez Cano resaltó que hablar de la vida era hablar de la responsabilidad como sociedad; que hoy enfrentaban dos debates: un tema jurídico y uno social complejo que no puede verse de distinta manera. Agregó que defender la vida desde la concepción no significa ignorar las circunstancias de una mujer, significa preguntarse qué pueden hacer como sociedad para que la maternidad nunca sea sinónimo de abandono, de pobreza, de miedo o falta de oportunidades.
Por su parte, el congresista Antonio Chaurand Sorzano remarcó que criminalizar no salva vidas solo aumenta las desigualdades sociales y que estaba demostrado que despenalizar el aborto no aumenta la incidencia de abortos. Apuntó que no estaban a favor de promover los abortos sino que su postura es no criminalizar a la mujer que tomó esa decisión por sus circunstancias propias de vida.
El diputado David Martínez Mendizábal externó que le preocupaba que se juró cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no se estaba haciendo con una serie de pretextos. Precisó que la Suprema Corte de Justicia ya resolvió y lo que faltaba era publicar el Decreto de la declaratoria de inconstitucionalidad. Añadió que lo que se estaba discutiendo eran dos posturas ideológicas, filosóficas y morales distintas.
Finalmente, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presidente de la Comisión, argumentó que hablar de que van a bajarlo una y otra vez el punto, las veces que sea necesario, dejaba clara la postura de sus homólogos.
Manifestó que todos los temas que llegan a esta instancia legislativa se deben discutir y era lo que se buscaba hacer, pero que bajar el punto del orden del día era una muestra de que no se quería discutir, analizar y avanzar en el tema de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Ramos Sotomayor comentó que se trata de que las mujeres no sean criminalizadas por decidir sobre su propio cuerpo. “Que quede muy claro también, compañeras y compañeros, que nuestra obligación como diputados es legislar para garantizar precisamente esos derechos de las guanajuatenses, para las jóvenes que enfrentan el miedo a la soledad, para las mujeres que merecen condiciones médicas seguras en una decisión que no tomaron la ligera y para un Guanajuato que no puede seguir siendo la excepción de ignorar la justicia, la ciencia y los derechos humanos; la empatía del Estado se demuestra garantizando salud pública, educación y libertad de decisión”.
