Guanajuato, Gto. – Las diputadas y los diputados que integran las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública aprobaron el dictamen en sentido negativo de dos iniciativas de reforma en materia de interrupción del embarazo.
Se trata de la propuesta formulada por el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD que proponía reformar el Código Penal, la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito, la Ley de Salud y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como la presentada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena que proponía modificar el Código Penal.
Durante la sesión se dio lectura al dictamen de las iniciativas y se destacó la coincidencia de las diversas instancias que participaron, entre ellas: la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Coordinación General Jurídica, el Supremo Tribunal de Justicia, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, la Fiscalía General y el Instituto de Investigaciones Legislativas, de que ambas propuestas legislativas eran contrarias a lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política local.
Asimismo, se precisa que consideraron no viables ni idóneas las propuestas y, por lo tanto, improcedentes, por lo que se instruye el archivo definitivo de las mismas.
Al ser sometido a discusión, el diputado Raúl Humberto Márquez Albo habló en contra del proyecto de dictamen y señaló que ninguna de las propuestas habían sido desechadas jurídicamente por lo que el sentido de dictamen, era inadecuado, ya que el centro del debate se centró sobre el aspecto ideológico y no sobre el fondo, que era el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Agregó que la criminalización del aborto no había detenido a nadie y que lo que el estado penalizaba era a la pobreza, ya que las mujeres habían abortado desde siempre, las que tenían recursos en clínicas privadas, con médicos calificados, y las pobres en lugares y condiciones inseguras, donde en la mayoría de los casos ponían en riesgo su vida. Afirmó que lo que buscaban era el derecho de las mujeres a decidir y darles las condiciones adecuadas para que no fueran revictimizadas.
“En el grupo parlamentario de Morena no estamos promoviendo el aborto, no es lo que se pretende, y lo que se ha estado tomando como contra argumento para desvirtuar las iniciativas. Lo que estamos buscando es que la mujer pueda tomar esa decisión libre y lo haga en las condiciones adecuadas”, enfatizó el legislador.
Finalmente manifestó que no se había escuchado el sentir y el pensar de miles de mujeres guanajuatenses, por lo que no se podía hablar de parlamento abierto sino que la maquinaría azul había cerrado oídos a la solicitud y al reclamo de las mujeres, cerrándose a extender el tiempo y abrir más mesas de trabajo para tomar las decisiones correctas y que éstas estaban tomadas desde el primer día de trabajo.
Por su parte, el congresista Ernesto Alejandro Prieto Gallardo agradeció la participación de los colectivos en defensa del derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y refrendó su voto en contra del dictamen al considerar que por la rapidez no se evaluaron de manera correcta y adecuada todos los comentarios vertidos por colectivos, asociaciones y diputados que se pronunciaron a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo.
Asimismo, argumentó que no hubo apertura para corregir los errores técnicos de las iniciativas ni planteamientos para fortalecerlas por parte del partido mayoritario y dijo que el documento formulado por su grupo parlamentario era técnicamente correcto. Además, mencionó que el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos había dicho que la iniciativa era viable, conforme a tratados internacionales, pero que dejaba la discusión a los legisladores.
Prieto Gallardo externó que la ética personal la deberían dejar en casa, porque la que los debía regir era la ética pública y cuestionó el trámite legislativo, el cual consideró estuvo lleno de opacidades, lo que desaprobó. Finalmente, apuntó que estaban a favor de los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
En su intervención, la congresista Vanessa Sánchez Cordero argumentó que derivado de la lectura del dictamen se podía ver que se incorporaba literalmente el estudio del Instituto de Investigaciones Legislativas para reforzar solo un punto de la discusión, aferrados a defender el derecho de la vida desde la concepción y dirigían todo el estudio a defender ese argumento sin abordar el resto como los derechos humanos de las mujeres y dando prioridad a defender el derecho a vivir del no nacido.
“Se invisibilizaron los derechos de las mujeres, no se tocan, no se discuten en el dictamen”, afirmó Sánchez Cordero. La legisladora fue enfática en que en el dictamen sólo se defendía una postura y no decía por qué no eran válidos el resto de los argumentos y tampoco representaba las opiniones de todos los integrantes de las Comisiones Unidas, por lo que pidió el voto en contra, independientemente de la postura respecto a la interrupción del embarazo que tuvieran.
En su participación, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá señaló que había sido un trabajo en el que se contó con la participación de todos y se abrió de manera fehaciente al diálogo y las diferentes posturas; que en efecto, era un tema de defensa a los derechos humanos de las mujeres y de una persona que estaba por nacer.
Indicó que estuvieron prestando mucha atención a todos los participantes, con apertura mental para procesar la información que se estaba dando. Argumentó que el tema había llevado horas de trabajo y, en ese sentido, le resultaba de suma relevancia hacer el reconocimiento de todos los que intervinieron en las diferentes mesas y que aportaron elementos técnicos, que eran los que llevaban a arribar al dictamen que estaba en discusión.
Para concluir, precisó que en el análisis se consideró que las iniciativas tenían deficiencias insalvables y, por ello, el sentido del dictamen, el cual era resultado de un trabajo consolidado donde se habían atendido las peticiones que se habían hecho llegar a través de los diferentes medios y fueron temas y opiniones que se respetaron y consideraron.
Finalmente, Márquez Alcalá apuntó que como legisladores estaban obligados a emitir opiniones técnicas.
El dictamen fue aprobado con 6 votos a favor y 3 en contra.
Como parte del orden del día de la sesión se aprobó el dictamen que establece el archivo definitivo de la iniciativa de Ley para el Tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones en el Estado de Guanajuato, presentada por las diputadas y el diputado integrantes del GPPRD ante la LXII Legislatura.
En los trabajos de la estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta), Vanessa Sánchez Cordero, Alejandra Gutiérrez Campos, Jessica Cabal Ceballos, Katya Cristina Soto Escamilla y Emma Tovar Tapia, y los diputados Raúl Humberto Márquez Albo, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Jaime Hernández Centeno y Luis Antonio Magdaleno Gordillo.
También participó la diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo.
