noviembre 30, 2020
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Guanajuato, Gto. 5 Nov. (GPPRI).- El Grupo Parlamentario del PRI por conducto del diputado José Huerta Aboytes se pronunció en contra del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que establece que la supervisión de las medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, estén a cargo de los militares que integran la Guardia Nacional.

Activistas en la defensa de los derechos humanos y juristas especializados en derecho constitucional, se han pronunciado en que este acuerdo atenta contra el sistema democrático.

Tira a la basura el sistema garantista, le dice adiós a las garantías individuales y es anticonstitucional.

El diputado José Huerta citó que las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva son variadas; y entre las más frecuentes, se encuentran, la presentación periódica del procesado ante el juez o ante autoridad que aquél designe; la caución mediante fianza; el embargo de bienes; y la inmovilización de cuentas y demás valores financieros.

Existe, asimismo, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; la restricción para acercarse a determinados lugares; la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas, ofendidos o testigos.

El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga; la colocación de sensores y localizadores electrónicos, y hasta la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral.

Pero a partir del pasado día 24 de octubre, cuando entró en vigor el acuerdo de referencia, la aplicación de esas delicadas medidas cautelares, han quedado bajo la supervisión y responsabilidad de la guardia nacional, lo cual implica que en esa función han quedado al margen los civiles.

El legislador del PRI aclaró que no tienen más que respeto y admiración por el Ejército Nacional y la Marina Armada de México, pues sus elementos están siempre prestos a salvaguardar la seguridad de la nación; y siempre, también, de manera noble, heroica y desinteresada, prestan auxilio a la población en situación de desastre, pero ello no quiere decir que están de acuerdo en que se les encomiende, ahora, esta delicada función que debe de quedar bajo la responsabilidad operativa de autoridades civiles, tal y como lo prescribe el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Apuntó que en el Grupo Parlamentario del PRI consideran que el proceso penal en el que se vea involucrado un civil, desde su inicio hasta su culminación, debe quedar en manos de elementos exclusivamente ciudadanos.

Están en contra de que con este decreto se desmantele a la Fiscalía General de la República, porque implica un retroceso a tiempos anteriores a la Constitución de 1917.

Puntualizó que no conciben que una persona común y corriente, respetable y decente como la generalidad, que se encuentre constantemente sujeta a vigilancia y control de elementos castrenses mientras sigue su proceso en libertad.

“Estimamos que una situación como esa, constituye una violación a la constitución, porque le atribuye a las fuerzas armadas funciones muy diferentes a las que se le han asignado por la propia ley suprema; y que es una amenaza a los derechos humanos de los particulares”, acotó el legislador.

 

 

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