Guanajuato Gto 31 marzo 2022. – La diputada Ruth Noemí Tiscareño propuso, ante el Pleno del Congreso, exhortar al titular de Auditoria Superior de la Federación (ASF) a que informe por qué motivo fue “tan limitado el alcance” de la fiscalización de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal.
Su propuesta de Punto de Acuerdo también contempla, en aras de la transparencia y rendición de cuentas, exhortar al titular de ese organismo para que se practique una auditoria forense a la Oficina de la Presidencia y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, que fueron excluidas del proceso de fiscalización 2020
Asimismo, que, en el ejercicio de fiscalización a la Cuenta Pública del año 2021, practique auditorias de cumplimiento financiero y de desempeño de más alto calado e incluya en ellas erogaciones de recursos clave en el ejercicio del gasto público, como son el AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
En sus consideraciones, Tiscareño Agoitia destacó que, si se consulta el Informe General Ejecutivo del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, de un análisis a la muestra seleccionada para revisión se desprenden “tres datos en los que debe ponerse puntual atención”.
Primero, una desproporción entre el 14.4% de la muestra fiscalizada del sector público presupuestario, contra un 85.2 de la correspondiente al Gasto Federalizado, “es decir del dinero que va a estados y municipios”, a pesar de que éstos ejercen menos recursos públicos.
Un segundo dato, relacionado con la ausencia de un reporte de cifras de universo y muestra por parte del Poder Ejecutivo Federal debido a que, según se consigna en el citado informe- las auditorías que se le realizaron fueron sólo de desempeño, lo que “nos da como hechos que las revisiones son más consecuentes con el Ejecutivo y su poder omnímodo que con otros entes del Estado Mexicano”.
Después de anotar que el propio informe aclara que en la revisión de cumplimiento financiero de la Administración Pública Federal no se contemplaron Oficina de la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, la diputada del GPPRI dijo que un tercer dato permite deducir que “se revisa poco y aún en lo poco se incumple”.
Ruth Noemí Tiscareño precisó que, esos “relevantes hallazgos”, fue lo que motivó la propuesta de Punto de Acuerdo que presentó en la sesión del Pleno de la LXV Legislatura.
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