Guanajuato, Gto 7 abril 2022. – El Pleno del Congreso exhortó al gobierno federal para que analice los impactos causados a consecuencia de la eliminación del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (Fondo Minero) y, en su caso, reconsidere reactivarlo, esto con la finalidad de velar por el bienestar de los trabajadores mineros.
Al hablar en contra del dictamen, la diputada Martha Edith Moreno Valencia señaló que el tema en cuestión se había discutido ya en varias ocasiones a nivel nacional, que no se había usado en manera correcta y transparente, y que las pocas obras que se realizaron tuvieron observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Después de enlistar una serie de irregularidades, la congresista manifestó que parte de los recursos de fondo se reasignaron en su mayoría a la Secretaría de Educación Pública; que la propuesta se fundamentaba en la pérdida de empleos y que el Fondo Minero nada tenía que ver con eso.
“Luchamos permanentemente por la justicia social, erradicar la desigualdad y la pobreza, no solo de los trabajadores mineros sino de todos y todas las trabajadoras del país. Tenemos una deuda que saldar con las comunidades mineras, hoy esas comunidades viven en marginación y en precariedad, es momento de revertir esta situación que en cinco años el Fondo Minero no logro hacer, elevaremos su calidad de vida”, enfatizó.
Asimismo, subrayó que actualmente ese fondo en lugar de ir solo a los municipios mineros se distribuía para rescatar el abandono de todas las escuelas del país, que no era un fondo que se dilapidaba, se destruía o desaparecía, sino que se reorientaba para el fin más noble que, dijo, era la educación.
Para hablar a favor del dictamen intervinieron la congresista Lilia Margarita Rionda Salas y el diputado Alejandro Arias Ávila. Rionda Salas se refirió a las reuniones sostenidas con mineros donde le expusieron las condiciones que enfrentan en el mercado laboral y la incertidumbre que viven, lo que motivo la propuesta, dijo.
Señaló que el origen del fondo fue noble y una herramienta fiscal para gobiernos locales y, en específico, para las administraciones municipales, a fin de promocionar acciones en beneficio de comunidades locales.
En ese sentido, indicó que los recursos asignados al fondo cubrían diversos objetivos de interés social, entre los que señaló la construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios públicos urbanos; obras de pavimentación, mantenimiento de calles y caminos locales y alumbrado público; entre otras.
Refirió que el cambio que se realizó por parte del gobierno federal modificó el destino de gasto, pero mantuvo la herramienta fiscal, es decir, conservó la vía recaudatoria, pero decidió que los gobiernos locales dejaran de tener acceso a fondos para promocionar el desarrollo local.
“En síntesis, los instrumentos fiscales se mantienen en la Ley Federal de Derechos, pero se ha optado por centralizar el destino del gasto. Decidir desde el centro el uso de recursos afectando a aquellos municipios en donde ocurre la extracción de material minero; en el fondo, lo que ha ocurrido es la eliminación de alternativas para que comunidades locales cuenten con mayores opciones laborales y para que el sistema federal se fortalezca”, indicó Rionda Salas.
La congresista manifestó que no se ha cambiado solo la forma sino el fondo, porque se está hablando de alternativas que antes existían para el desarrollo local y que ahora se han cancelado, ya que el mecanismo que antes había garantizaba que los recursos llegasen efectivamente a aquellas comunidades donde se extraía el mineral; mientras que el actual modelo, agrupa los recursos en dependencias y ubica el gasto en programas que no permiten diferenciar los lugares en los que se destina el gasto para proteger a comunidades mineras.
“Requerimos que se evalúe el impacto, es necesario reestablecer este mecanismo para permitir la generación de acciones que desde la economía local promuevan el desarrollo de comunidades…Retomemos los orígenes del fondo minero, proteger comunidades locales que aportan a la economía nacional, esa es la ruta del desarrollo”, finalizó Rionda Salas.
Por su parte, el congresista Alejandro Arias Ávila argumentó que el Fondo de Desarrollo Regional Sustentable del Estado y Municipios Mineros tenía como propósito incentivar el desarrollo continuo de las comunidades ubicadas en zonas mineras, estableciendo la distribución de regalías entre los municipios ubicados en zonas de extracción para fomentar su desarrollo.
Arias Ávila mencionó que Guanajuato contaba con proyectos de inversión física aprobados mismos que no pudieron ser ejecutados por falta de recursos.
“Cabe destacar que de acuerdo con la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) solo para nuestra capital, se contaba con 16 proyectos de inversión física aprobados, muchos de los cuales se quedaron pendientes de ejecución pues los recursos no fueron suministrados”, puntualizó.
El legislador agregó que de acuerdo con la declaratoria de los municipios mineros que forman parte de las zonas de producción minera, se estableció que para 2019 a Guanajuato le correspondían 40 millones de pesos, sin contar el acumulado de los años 2020 y 2021.
Finalmente, subrayó que su eliminación representaba un golpe más para el estado y para todas las entidades que poseen una mística de extracción de recursos, que administrados exclusivamente por la federación, ahora no representan riqueza para todos sino únicamente para el gobierno federal.
