Guanajuato, Gto 8 Junio 2022. – Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar iniciativas de reforma a la Constitución Política local.
La primera propuesta revisada busca actualizar el catálogo de delitos en los que los jueces en materia penal dictarán de oficio la medida cautelar de prisión preventiva en el procedimiento penal acusatorio en el estado.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá apuntó que era muy clara la intención y que estaban de acuerdo en los términos de la propuesta, ya que se estaría ampliando conforme a los establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política federal. Asimismo, solicitó que se incluyera el delito de abuso o violencia sexual contra menores para que la armonización quedara completa.
Por su parte, la congresista Susana Bermúdez Cano especificó que se ordenaría prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores; homicidio doloso; feminicidio; violación; secuestro; robo a casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose del delito de enriquecimiento ilícito; delitos en materia de desaparición forzada de personas; delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos; así como delitos graves que determine la ley en contra del libre desarrollo de la personalidad y de salud.
La representante de la Fiscalía General consideró no viable la propuesta dado que, dijo, la federación es quien puede legislar respecto a materia penal, y el legislador local no puede hacerlo porque corresponde al Constituyente federal el establecimiento del catálogo de delitos que se siguen de manera oficiosa, para el correcto funcionamiento del Sistema de Justicia Penal.
De manera general, tanto el presentante de la Coordinación General Jurídica como el de la Procuraduría de los Derechos Humanos comentaron que se aprobara o no la propuesta los jueces tendrían que aplicar la prisión preventiva oficiosa.
Márquez Alcalá sugirió que se continuara el análisis a la luz de los expuestos por la Fiscalía General y reiteró que consideraba que era viable, pero profundizar en la propuesta les permitiría tener un contexto más amplio al momento de la dictaminación.
Finalmente, la congresista Susana Bermúdez Cano precisó que, con base en lo expresado en la mesa de trabajo, tanto en sentido positivo como negativo, se llevarían la propuesta a una segunda reflexión.
Cambiar la fecha de inicio de las administraciones municipales
En la segunda mesa, abordaron la iniciativa que busca que los ayuntamientos electos entren en funciones el 10 de septiembre del año de la elección y sean ellos quienes elaboren su pronóstico de ingresos, iniciativa de ingresos y presupuesto de egresos.
El representante del Instituto Electoral indicó que se debía analizar la conclusión del proceso electoral y dijo que el hecho de recorrerlo le restringe la posibilidad al Tribunal Electoral de resolver impugnaciones.
Asimismo, se puntualizó que se vulneraría el principio de acceso a la justicia y el principio de seguridad jurídica; que se debe considerar la integralidad de las reformas para no generar antinomias normativas; y que se violarían derechos político-electorales, entre otros aspectos.
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