Guanajuato, Gto20 octubre 2022. – El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia indicó que, a diferencia de los sistemas de protección jurisdiccionales de los Derechos Humanos, el Ombudsman se adscribe a un sistema no jurisdiccional que formula recomendaciones de naturaleza pública no vinculantes, mismas que se emiten una vez que se concluye un proceso de investigación a las violaciones denunciadas, pudiendo determinar responsabilidad de una o varias autoridades.
Sin embargo, mencionó que, al no ser vinculante, no contiene obligatoriedad de cumplimiento, y que una de las interrogantes que se han hecho al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos es sobre la efectividad ante la carencia de obligatoriedad.
Tiscareño Agoita manifestó que el objeto de la propuesta es fortalecer el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, a fin de que el Congreso del Estado, por la votación de las dos terceras partes de sus integrantes (en Pleno o en su caso la Diputación Permanente) pueda hacer comparecer, ante la comisión legislativa que corresponda, a las autoridades o servidores públicos para que informen las razones de su actuación cuando no se acepte total o parcialmente una recomendación.
Asimismo, si se es omiso después de transcurrido el término que señala la ley para informar si acepta o no la recomendación, o bien cuando no se cumpla total o parcialmente con la recomendación previamente aceptada en los plazos que señala la ley.
Para tal efecto, se propone establecer, dijo, que el organismo de Derechos Humanos informe de manera mensual al Congreso del Estado las recomendaciones no aceptadas o incumplidas por las autoridades o servidores públicos.
“La presente iniciativa pretende que la facultad de hacer comparecer a las autoridades o servidores públicos ante el Congreso del Estado sea potestad de esta soberanía de manera preferente, a la par de la solicitud que en su momento pudiera realizar el organismo protector de los Derechos Humanos en nuestro Estado”, argumentó la legisladora.
Finalmente, indicó que, de esta manera, las recomendaciones si bien no vinculantes se fortalecen en su solvencia pública y ética, pues permitirá conocer las razones que la autoridad o el servidor público tienen para negarla o incumplirla total o parcialmente.
