Guanajuato, Gto 20 Diciembre. – En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local, aprobó los nombramientos de María Raquel Barajas Monjarás, como magistrada propietaria, y de Miriam Ramírez Sevilla, como magistrada supernumeraria, ambas del Tribunal de Justicia Administrativa, quienes durarán en su cargo diez años, a partir de este día en que rindieron protesta.
Además, aprobaron diversos dictámenes de iniciativas formuladas por el gobernador del estado. Se trata de los relativos a que se le autorice que una fracción del inmueble materia del Decreto Legislativo número 9, expedido por la LXIII Legislatura pueda ser destinada para la instalación de una base de operaciones de la Guardia Nacional; se le faculte previa desafectación del dominio público del Estado la enajenación mediante donación de cinco tramos carreteros de propiedad estatal ubicados en el municipio de Guanajuato, en favor de dicho municipio, para que este se encargue de su administración control, conservación y vigilancia; mismo caso para que se le avale previa desafectación del dominio público del Estado la enajenación mediante donación de un bien inmueble de propiedad estatal en favor del municipio de León para que lo destine a la ampliación del Parque Metropolitano Norte.
De igual manera para que le autorice previa desafectación del dominio público del Estado la enajenación mediante la figura jurídica de compraventa de seis bienes inmuebles de propiedad estatal, ubicados en el municipio de León; y se le permita por conducto del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato enajenar mediante la figura jurídica de compraventa, un bien inmueble de dominio privado denominado El Solano, ubicado en el municipio de Guanajuato.
También se aprobó el dictamen de la solicitud de revocación de mandato en contra del ciudadano Rodrigo Ignacio Martínez Pérez, regidor del Ayuntamiento de Jerécuaro, el cual se turnó a la Comisión de Responsabilidades para su substanciación.
Además, se avalaron los dictámenes de tres iniciativas en las que se instruye su archivo definitivo; dos de ellas, proponían reformas a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, una en materia de omisión legislativa, la otra sobre derechos humanos de personas migrantes; y la tercera, planteaba reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, en materia de violencia y acoso laboral.
