Guanajuato, Gto 27 abril 2023. – Con el objeto de hacer viable en forma inmediata el derecho humano a la reparación del daño o indemnización de los concesionarios a usuarios o terceros cuando se genere un siniestro en vehículos de transporte público, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional formularon una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios.
Lo anterior, a efecto de evitar el retraso o evasión del cumplimiento de dicha obligación para remediar, en la medida de lo posible, el que la víctima o sus familiares tengan que recurrir a las acciones jurisdiccionales.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes manifestó que el retardo o evasión del pago a la reparación del daño o indemnización derivado de las actividades del transporte público regulado por el estado, se ha convertido en un problema severo para víctimas o sus familiares, principalmente, en el caso de fallecimientos, pues el retraso en el pago, sobre todo el seguro de vida de los usuarios o pasajeros del transporte público se da hasta en tanto, la autoridad, generalmente penal, determine la responsabilidad y judicialice la carpeta de investigación.
“La evasión consiste en que hay una negativa absoluta de los permisionarios a pagar, incluso el seguro de viajero o usuario o hacer válido el pago del seguro que en su caso se contrate mediante la póliza respectiva, determinando que las víctimas o familiares afectados se vean en la necesidad de esperar las sentencias penales o agotar acciones civiles de responsabilidad ante los tribunales, lo que es tardado y complejo”, enfatizó el legislador.
Apuntó que la propuesta busca hacer viable en forma pronta el derecho humano a la reparación de daños por lesiones o al patrimonio y el seguro de vida a los usuarios que fallezcan por motivo de siniestros en cualquiera de las modalidades de transporte que regula la ley. De igual manera, establecer la imposibilidad de realizar trámites vehiculares a los concesionarios, en tanto no cubran la indemnización correspondiente.
“Se busca obligar a que los transportistas que están regulados por el Estado, en todas sus vertientes, servicio de carga, personas, especial y transporte privado o ejecutivo de personas, en principio, los que cuenten con póliza seguro de responsabilidad a terceros vigente, con la cobertura y demás características que determine su reglamentación y que se haga efectivo en forma inmediata, en el tema de indemnización del seguro de viajero o usuario, con independencia de la responsabilidad que se tenga en el evento que genere los daños a la vida, la salud o el patrimonio de las personas usuarias del transporte o bien, peatones que sean víctimas directas”, subrayó Alfaro Reyes.
La propuesta contempla establecer como causal de revocación de los permisos o concesiones, no pagar en forma inmediata la indemnización por fallecimiento de pasajeros o usuarios y por los daños a las personas o cosas que se generen; dotar a la autoridad reguladora de un mecanismo para impedir al permisionario o concesionario que no cumpla con la indemnización el poder hacer altas o bajas de unidades registradas; y adicionar la obligación a la unidad administrativa de la Secretaría de Gobierno para que vigile que los fideicomisos y los fondos de garantía constituidos por los concesionarios, tengan carácter permanente.
