Guanajuato, Gto18 mayo 2023. – En la sesión ordinaria de este día, el Pleno del Congreso local aprobó las Minutas Proyecto de Decreto, remitidas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público y de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del Servicio Público.
La primera, tiene como proyecto de decreto reformar los artículos 55 y 91 de la Carta Magna en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, con la finalidad de adecuar el marco normativo nacional en función de las realidades juveniles contemporáneas, y eliminar las antinomias que a nivel constitucional existen.
Al hablar como autora del dictamen, la congresista Briseida Anabel Magdaleno González indicó que el voto a favor de la propuesta abría la posibilidad de que en el poder público federal se dé cumplimiento pleno a lo establecido en el artículo 34 del texto Constitucional que señala los 18 años como la edad en que se obtiene la ciudadanía y el artículo 35 delinea los derechos de quien obtiene dicha ciudadanía, entre los que figuran los derechos políticos, es decir, el derecho a votar y ser votado para tomar parte en los asuntos políticos del país.
“La importancia de esta Minuta Proyecto de Decreto radica en que reduce el requisito de edad para acceder a la Diputación Federal de 21 a 18 años de edad; y a las Secretarías de Estado, de 30 a 25 años de edad, pues, se apuesta por los intereses de las juventudes”, enfatizó.
Finalmente, apuntó que su partido refrendaba la voluntad política para que las juventudes estén en los espacios de representación y en los espacios de toma de decisiones y real incidencia en el ámbito federal.
La segunda para modificar los artículos 38 y 102 de la misma norma jurídica en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, a fin de establecer como requisitos no ser deudores alimentarios ni tener antecedentes de violencia familiar o violencia contra las mujeres a quienes desean ostentar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
Al respecto, intervino como autora del dictamen la congresista Susana Bermúdez Cano, quien manifestó que esta legislatura se ha caracterizado por legislar en favor de las mujeres, de la niñez y juventud del estado, por lo que dijo, coincidían con las intenciones del Congreso de la Unión en que, la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres es un fenómeno que lamentablemente se hace cada día más patente en la sociedad, por lo que diversos movimientos organizados demandan una actuación firme y contundente de parte del Estado en su conjunto, para evitar, inhibir y sancionar a las personas que ejercen violencia en contra de otras.
Mencionó que identificaron cuatro avances fundamentales: se estandariza a nivel país los preceptos reformados evitando criterios interpretativos dispares; se deja clara la violencia como un síntoma social y preponderantemente a las mujeres como real víctimas de conductas antisociales y se fortalece en gran medida el marco referencial de género; se distingue del marco de referencia punitivo, para pasar a otras consecuencias que permitirá trascender la violencia contra las mujeres más allá de un problema interpersonal entre la víctima y el agresor, a un problema de atención prioritaria del poder público; y se deja claro que se apuesta a una ética pública.
Bermúdez Cano indicó que la propuesta que hoy se ponía a consideración permitía que las conductas tres de tres contra la violencia, que en los pasados procesos electorales fueron requisitos de registro de los partidos políticos, se vuelvan requisitos de elegibilidad para un cargo de elección popular y de acceso a la administración pública.
Finalmente, subrayó que refrendaban su compromiso para que las mujeres ejerzan sus derechos en contextos libres de violencia.
Por su parte, la legisladora Yulma Rocha Aguilar manifestó que la propuesta tres de tres era una iniciativa ciudadana que vienen impulsado desde 2018 colectivos; que lo que seguía era dejar las simulaciones y que si no se quería ya estaba la ley, porque era dentro de las instituciones políticas donde se ejercía mayor violencia política, entre las más recurrentes la económica.
Agregó que se tiene que trabajar desde la perspectiva de género, generar mecanismos ágiles para la presentación de denuncias y subrayó que la aprobación de la citada minuta no eximía al Congreso de armonizar la legislación local.
La congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia precisó que la propuesta abonaba a la protección de los derechos y que era necesario legislar para que se garantice la idoneidad de las personas que aspiran a acceder a cargos públicos; mientras que, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo externó que consideraban necesario que se sigan estableciendo medidas para erradicar la violencia contra las mujeres; así como adecuar la normativa local.
En otros asuntos, se declararon revisados los informes de resultados de las auditorías de desempeño practicadas al Poder Ejecutivo estatal con enfoque mixto, orientado al sistema y a los resultados del Programa Presupuestario E027 Derrama Económica por Turismo, a cargo de la Secretaría de Turismo, y con enfoque orientado al sistema del Programa Presupuestario P005 Gestión de Centros Escolares de Educación Media Superior y Superior, a cargo de la Secretaría de Educación.
De igual manera, de las revisiones practicadas a las cuentas públicas del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; así como de las auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por las administraciones públicas municipales de San Luis de la Paz, Santiago Maravatío, Xichú y Pueblo Nuevo, todos correspondientes al ejercicio fiscal de 2021.
