Guanajuato Gto a 25 mayo 2023.- Casi diez horas de sesión en el congreso del estado, sesión maratónica en donde se perdieron varios puntos destacables por ser una sesión tan larga, lo que sucede cuando existe una reforma electoral que para muchos se dice que es una reforma a la medida del partido en el poder.
Casi para concluir dicha Sesión la Congresista del grupo parlamentario de morena Alma Alcaraz Hernández puso en tela de juicio el trabajo realizado por el titular de la ASEG, al que le llamo tapadera burda del gobernador Diego Sinhue.
La congresista ya algo ajetreada por la maratónica sesión y en su última intervención se le fue con todo a Javier Pérez Salazar auditor general de la ASEG y al Secretario de Finanzas por un préstamo debido a un particular, así como por los vales grandeza y la tarjeta de ayuda a la mujer grandeza campañas completamente electoreras.
Alma Alcaraz dijo:
Hago uso de la voz para hablar en contra del dictamen mediante el cual se aprueba el dictamen de la supuesta revisión de cuenta pública 2021 del Poder Ejecutivo.
Cuando este informe de auditoría se discutió en la Comisión de Hacienda y Fiscalización, con la presencia del auditor, quedaron al descubierto varias fallas graves de la supuesta revisión realizada por la ASEG.
Por ejemplo, en lo referido al préstamo de 230 millones de pesos que realizó el gobierno del estado a la empresa Fiera Capital Inmobiliaria. Es cierto que la ASEG sí revisó la operación, pero también es cierto que la revisó mal, de una forma tan negligente que -si este Congreso fuera consecuente- ameritaría la remoción de Javier Pérez Salazar como auditor superior TAPADERA.
En términos generales es necesario decir que hay tres fallas estructurales en la revisión de la operación del préstamo que evidencian su inutilidad de la ASEG.
Primero, el auditor indicó que el fundamento legal de la operación fue el artículo 101 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. El problema es que dicho artículo señala que el Ejecutivo sólo podrá otorgar ayudas que contribuyan a la consecución de los objetivos que complementen los programas aprobados o que se consideren de beneficio social.
Literal, articulo 101: el ejecutivo del estado, sólo podrá otorgar donaciones y ayudas que contribuyan a la consecución de los objetivos que complementen los programas aprobados o que se consideren de beneficio social.
Ante esto, le pregunté cómo se acreditó el beneficio social, toda vez que es un requisito de la Ley. La respuesta del auditor fue patética: no lo revisó, argumentando que ésa era una cuestión correspondiente al desempeño. Que pues tendrá que hacer una auditoría de desempeño. Falso de toda falsedad.
La realidad es que, según la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización Número 100, la auditoría de cumplimiento financiero como la que supuestamente se realizó se compone de dos elementos:
el cumplimiento, que se enfoca en determinar si un asunto cumple con las disposiciones legales aplicables; y
lo financiero, que se enfoca en determinar si la información financiera del auditado se presenta conforme el marco normativo.
Evidentemente, si la Ley impone un requisito, en este caso que se produzca un beneficio social, cualquier auditor medianamente competente o comprometido con su deber, debió verificar que hubiera un documento de justificación o cualquier evidencia que lo acreditara lo que indica el artículo 101 es decir que se considere de beneficio social dicho préstamo.
Claro, partiendo del supuesto de que no haya complicidad, situación que desde el Grupo Parlamentario de MORENA SI consideramos posible.
La segunda falla estructural se evidenció cuando se le preguntó ¿Por qué consideró la ASEG que no había problema alguno con que el primer convenio tuviera como garantía del préstamo un terreno ubicado en el Boulevard Francisco Villa que todavía adeudaba la empresa Fuerza Deportiva del Club León al gobierno del Estado?
En 2018 Márquez Márquez vende este terreno al mismo Grupo Pachuca para construir un nuevo estadio, pero aún se adeudaba; esto se corrigió hasta enero de 2022 –por fuera del periodo revisado de 2021, por lo que debió aparecer esta irregularidad- sustituyendo dicho terreno con otros ubicados en Pachuca. El hecho es que en 2021 no hubo garantía hipotecaria válida, poniendo en riesgo al erario, situación que -por lo menos- sería observable y en su caso procesada para que sea sancionada por la instancia correspondiente. Mínimo una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
La respuesta del auditor a este señalamiento es que esto no fue observado porque ya se había corregido en 2022. Bajo este razonamiento, no importa qué irregularidades haya, siempre y cuando las corrijan antes de que llegue el auditor.
Los hechos no mienten: el préstamo no estuvo bien fundamentado en la Ley, ni tampoco bien ejecutado en el convenio. Esto tiene nombre: desvío de recursos.
La Ley de responsabilidades administrativas lo tipifica como una falta administrativa grave de la siguiente manera:
Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
Pero no pasa nada, porque el auditor TAPADERA fue incapaz de observarlo.
Y aquí hay otro hecho: estas dos omisiones por parte del auditor son un incumplimiento expreso en su obligación de determinar los daños y perjuicios y de promover el fincamiento de sanciones en los casos que establece la Ley.
Dicha situación es una causal grave para su remoción según la fracción II del artículo 95. Y para que en base al artículo 54 antes citado ya no este el secretario de finanzas, al cual pues se negaron a que compareciera en este congreso.
Por último, la tercera falla estructural de la revisión tiene que ver con la complicidad del auditor superior para ocultar lo que sucede con los Vales Grandeza.
Y aquí también hubo dos complicidades claras. Pero citare uno por temas de tiempo.
2. La auditoría identificó que los Vales Grandeza se destinan a las personas en situación de pobreza, pero encontró a 799 beneficiarios que fueron proveedores de gobierno del estado o directamente funcionarios públicos con sueldos de hasta 61 mil pesos al mes.
¿El gobierno del estado usa los vales grandeza para ayudar a sus funcionarios públicos y a los proveedores. ?
Sin embargo, al auditor le pareció que esto sólo ameritaba una recomendación, sin haber investigado más: ¿Cómo sabemos que no hubo cohecho? No lo sabemos, por la pereza, incompetencia o complicidad del auditor.
Por todo lo anterior, desde MORENA votaremos en contra de estos informes, y seguiremos manteniendo nuestra postura de que Guanajuato necesita una #AuditoríaQueSirva, pero no a los intereses del PAN. Y esto, sólo es posible cuando la 4T se instale en Guanajuato y remueva a la corrupción, empezando por Javier Pérez Salazar como AUDITOR TAPADERA y al secretario de finanzas que NO quizo comparecer ante este congreso y que presto ilegal e inmoralmente un préstamo de 230 millones de pesos.
