Guanajuato, Gto 27 septiembre 2023. – Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una propuesta de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como al Pleno de ese órgano legislativo federal, para que en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporen en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2024 los recursos suficientes para que los poderes judiciales de las entidades federativas, estén en posibilidad de dar cumplimiento al decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado el 7 de Junio de 2023 en el Diario Oficial de la Federación.
Al hacer uso de la voz, la diputada Laura Cristina Maruqez Alcalá señaló que el 7 de junio de 2023 se publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tendrá incidencia en la vida de millones de personas en tanto busca establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares.
La congresista indicó que de acuerdo a los datos del Censo Nacional de Justicia Estatal del INEGI, en 2021 ingresaron en el conjunto de los tribunales estatales del país 2,130,586 asuntos. De éstos, 45% corresponden a cuestiones de naturaleza familiar y 25% a la materia civil. Además, mencionó que el 70% de la litigiosidad nacional (casi 1.5 millones de juicios) corresponde a conflictos que tienen que ver con divorcios, pensiones alimentarias, custodias, adopciones, arrendamientos, contratos y sucesiones.
Agregó que la implementación de las diversas disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares presenta retos extraordinarios para las entidades federativas que corresponderá a los poderes judiciales de los estados su implementación.
“Sabemos que no basta cambiar la ley para transformar la realidad. Los retos de implementación de la nueva justicia son enormes para los poderes judiciales de las entidades federativas. Esperamos que como ha ocurrido en aquellos casos en los que se han impulsado cambios estructurales en la consolidación de las instituciones de impartición de justicia en el país, se destinen los recursos presupuestales suficientes para que la nueva ley cuanto antes sea una realidad”, finalizó.
