Guanajuato, Gto 30 octubre 2023. – En sesión de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones se aprobó el dictamen en sentido negativo del punto de acuerdo para exhortar a la titular de la alcaldía de Irapuato, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas atribuciones remita un informe detallado a esta Soberanía sobre las inversiones previstas en materia de seguridad pública en esa demarcación.
Mismo trámite recibió la propuesta de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en apego a sus facultades constitucionales y legales, contemplen, en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2024, el incremento de los recursos, del Fondo para el Fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública, por su acrónimo Fofisp, en un monto que, como mínimo, permita a las autoridades locales recibir recursos en términos reales a los que se les transfería través del fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios, por su acrónimo Fortaseg.
Siguiendo con el orden del día, se acordó la realización de consultas previas a personas con discapacidad y adultos mayores como parte de la metodología de cinco iniciativas de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
La primera de las propuestas, que también busca modificaciones en el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley del Sistema de Seguridad Pública, a fin de llevar a cabo la armonización indicada de la legislación local a la ley general en materia de movilidad y seguridad vial.
Las demás tienen el objeto de impulsar la movilidad con perspectiva de género; una más para que las obras de infraestructura vial urbana y carretera prioricen a las personas peatonas, a los vehículos no motorizados y al transporte público; la cuarta, a fin de homologar o introducir el concepto de servicio de transporte integrado como una de las prácticas de planeación conjunta y gobernanza territorial más allá de los límites municipales en las zonas metropolitanas como un modelo deseable a nivel nacional.
Y la última, para integrar un capítulo específico sobre instrumentos financieros, fiscales y de inversión, así como uno específico sobre planeación, información, evaluación y seguimiento y sumar un apartado relacionado con la participación ciudadana.
