Guanajuato, Gto., a 5 de noviembre de 2019.- La Comisión de Justicia revisó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para incorporar el capítulo de delitos informáticos.
La diputada Cristina Márquez Alcalá, presidenta de la Comisión, señaló que con la propuesta se busca sancionar a quienes cometan conductas delictivas entre las que destaca ingresar o destruir sistemas o bases de datos sin autorización para ello y anular los sistemas de seguridad para modificar o copiar de manera ilegal información contenida en sistemas del estado o de particulares.
Precisó que en la iniciativa se establecen agravantes, como el hecho de que el delito sea cometido por servidores públicos o integrantes de corporaciones de seguridad.
En su intervención, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos enfatizó en que se busca atender una demanda ciudadana, que es la seguridad, ya que en las tecnologías de la información se utilizan para cometer delitos, y lamentó que el Código Penal no atienda estos delitos, que afectan no solo a particulares, sino áreas de gobierno.
Durante la reunión, en la que participó también la diputada Jéssica Cabal Ceballos, se revisó además la iniciativa de reforma al Código Penal en materia de responsabilidad de personas jurídico-colectivas, y se radicaron las iniciativas para modificar el Código Civil del Estado en materia de divorcio incausado y al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para incluir la “Litis Abierta”, es decir, que se pueda impugnar tanto la resolución recaída a un procedimiento administrativo como la dictada en el recurso contra ésta.
Cabe señalar que en esta reunión, participaron representantes del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General y la Coordinación General Jurídica del Estado.
Al término de la mesa de trabajo, la Comisión de Justicia atendió a cabilderos de la Comisión Estudiantil de Análisis Legislativo -CEAL- de la Universidad Iberoamericana de León, quienes expusieron una propuesta encaminada a garantizar el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia.
