Guanajuato, Gto, 31 octubre 2024. – El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional formuló una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato para modificar su nombre y fortalecer el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Al dar lectura a la exposición de motivos, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia se refirió a la importancia de la protección y reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de afromexicanos y a las reformas constitucionales federales aprobadas en la materia.
En ese sentido, señaló que se establece la obligación de los tres órdenes de gobierno del Estado de realizar las adecuaciones normativas que aseguren las características de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en el marco de la unidad nacional; así como su reconocimiento como sujetos de derecho público y el respeto irrestricto de sus derechos.
Asimismo, dijo que era necesario adecuar la legislación local, aún y cuando se cuente con la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de Guanajuato, ya que el cambio fundamental es que la norma debe ir encaminada, entre otras cosas, a reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público y patrimonio propio.
La legisladora precisó que en Guanajuato se tiene presencia en trece municipios de pueblos y comunidades indígenas entre Otomíes, Chichimecas, Chichimecas Pame, Chichimeca Huachichil y Chichimeca Jonaz; y que de acuerdo con el Censo del INEGI de 2020 la población de personas que se auto adscriben como afromexicanos en los municipios de la entidad asciende a 108 mil 806 personas.
La propuesta plantea establecer en la norma que la citada ley reconoce y protege a los pueblos y comunidades afromexicanas originarias del Estado, así como a aquellas personas afromexicanas que transiten o residan de forma temporal o permanente en la entidad; que en los lineamientos de las políticas públicas para garantizar el ejercicio de sus derechos se garantice su desarrollo integral, intercultural y sostenible, y se diseñen conjuntamente con ellos; y se les reconozca como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
De igual manera, busca establecer que la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con sus sistemas normativos internos, dentro del marco del orden jurídico vigente, sujetándose a los principios generales de la Constitución Política federal, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. También se habla de cómo deberán hacerse las consultas indígenas; que el gobierno del estado y los Municipios deberán promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural del Estado, así como una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y privados que correspondan, entre otros aspectos.
Finalmente, la congresista comentó que con esta iniciativa impulsaban el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, pues reconocían al Estado como un Estado Pluricultural de Derecho.
