Guanajuato, Gto 16 octubre 2025 . – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para elevar a rango constitucional local el Derecho a la Protección de la Unidad Familiar de las Personas Migrantes.
Al hacer uso de la voz, la diputada Yesenia Rojas Cervantes refirió que la migración o incluso la migración voluntaria, ordenada y regular, puede conducir a la separación de las familias, lo cual genera situaciones de riesgo cuando los niños, niñas o adolescentes migrantes se ven separados de sus tutores legales o abandonados a su suerte, situaciones de riesgo que se dan también en personas adultas mayores, en mujeres en estado de gravidez y en personas con discapacidad.
La legisladora comentó que en Guanajuato predomina la movilidad hacia la frontera norte, con numerosos migrantes temporales que viajan regularmente a Estados Unidos, por lo que el Estado debe garantizar la protección y los derechos de los migrantes y sus familias, fortaleciendo tanto las políticas locales como las federales.
Añadió que en el derecho internacional se contemplan disposiciones sobre reunificación familiar para los refugiados y los desplazados internos, es a los migrantes, a quienes a menudo solo se les concede protección temporal o subsidiaria o una condición alternativa, tienen que cumplir periódicamente con condiciones más estrictas y restrictivas, aguantar largos períodos de espera y lidiar con obstáculos burocráticos para reunirse con su familia inmediata.
Asimismo, la congresista expresó que la reforma adquiere una relevancia sustantiva desde la perspectiva de género, por reconocer que las mujeres en situación de migración enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad, particularmente cuando se encuentran embarazadas o a cargo de hijas e hijos, además del avance en el reconocimiento de sus necesidades específicas, lo que contribuye a erradicar prácticas discriminatorias.
Finalmente, Rojas Cervantes enfatizó que con la constitucionalización del Derecho a la Protección de la Unidad Familiar se busca garantizar desde la base normativa que las familias migrantes permanezcan unidas y que los derechos de las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres en estado de gravidez sean respetados y protegidos en todo momento, lo cual no sólo beneficia a las personas migrantes, sino que también contribuye a la cohesión social en las comunidades de acogida.
