Guanajuato, Gto 23 abril 2026.- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que instruya a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, así como a la Unidad Administrativa de Transporte, a fin de que refuercen de manera inmediata las acciones de inspección, vigilancia y cumplimiento del marco normativo aplicable a las distintas modalidades de transporte, garantizando que el servicio privado prestado mediante plataformas tecnológicas opere exclusivamente bajo las condiciones y restricciones que la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios establece para dicha modalidad.
Asimismo, para que se implementen operativos permanentes de supervisión en la vía pública, se prevenga la realización de prácticas propias del servicio público de taxi por parte de vehículos que únicamente cuentan con autorización para operar mediante plataforma digital, y se adopten las medidas necesarias para restablecer el orden, la legalidad y la equidad en la prestación del servicio de transporte.
Al presentar las consideraciones de la propuesta, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia señaló que, a lo largo de los últimos meses, taxistas del municipio capitalino denunciaron puntos de riesgo de seguridad, debido al tránsito de vehículos conducidos bajo los efectos del alcohol, fenómeno que ya ha dejado lesionados y daños materiales significativos, sobre todo en horarios nocturnos. A lo anterior se suma, dijo, una problemática que el propio gremio señala reiteradamente: la confusión ciudadana entre el servicio público tradicional de taxi y el servicio ejecutivo mediante plataformas digitales.
La congresista indicó que según relatan los propios conductores y conforme se acredita en la práctica, no están sujetos a los mismos controles ni a las mismas obligaciones, pese a prestar un servicio de naturaleza similar en la percepción del usuario, por lo que el problema no se limita a la conducta irregular de algunos operadores, sino a la falta de supervisión efectiva por parte de la autoridad, pese a que la propia Ley otorga facultades claras para realizar inspecciones, verificaciones y sanciones.
Tiscareño Agoitia mencionó que la consecuencia por ello es una equiparación fáctica entre modalidades que en derecho son distintas, generando un mercado desordenado, desigual, inseguro y contrario a los fines de interés general que deben regir la prestación de un servicio público y las actividades que, como el transporte, inciden directamente en la vida diaria de la ciudadanía.
Finalmente, la diputada compartió que, frente a este panorama, resulta indispensable que la autoridad competente tome cartas en el asunto, restituya el orden jurídico, aplique la ley sin distinción, garantice condiciones equitativas y refuerce la seguridad tanto para usuarios como para operadores.
