Guanajuato, Gto., a 10 de noviembre de 2020.- La Comisión de Justicia del Congreso local llevó a cabo el análisis de la iniciativa que formularon los diputados del PAN, la cual reforma el Código Penal para el Estado de Guanajuato, en materia de extorsión.
La presidenta de la Comisión, diputada Cristina Márquez Alcalá, explicó que la propuesta busca incrementar hasta con 15 años de cárcel a quien cometa este delito y adicionar nuevas conductas que pueden ser consideradas como graves, lo que permitirá adecuar la Ley a la realidad que hoy enfrenta el Estado.
“Buscamos que la sociedad guanajuatense se sienta segura y acompañada de las instituciones responsables de darles el seguimiento al tema, cuando se encuentren en una circunstancia como la que representa la extorsión”, indicó.
En los trabajos participaron las y los legisladores que integran la instancia legislativa, así como representantes del Poder Judicial del Estado, de la Fiscalía General y de la Coordinación General Jurídica del Poder Ejecutivo.
La legisladora del PAN mencionó que los comentarios vertidos durante el análisis servirán para enriquecer la iniciativa y lograr castigar con mayor severidad este delito.
“Agradezco mucho el que exista la coincidencia de actualizar el Código Penal y darles las mejores herramientas a las instituciones responsables de investigar y sancionar el delito, a fin de garantizar los derechos, la tranquilidad y seguridad de las familias de nuestro estado”.
Adicionalmente, la diputada Márquez Alcalá refirió que las aportaciones serán estudiadas en una mesa técnica.
Por otro lado, la Comisión recibió la iniciativa que reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato y que presentó el Grupo Parlamentario del PAN, en materia de interdicción, que busca fortalecer el derecho de las personas con discapacidad a vivir de manera independiente, a ser incluidas en la sociedad y tener libertad de elección.
En este punto, la diputada de Acción Nacional solicitó a la secretaría técnica elaborar un directorio de las organizaciones que representan a personas con discapacidad a efecto de definir el esquema de consulta respecto a la propuesta, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y posteriormente establecer la propuesta de metodología de análisis.
