Guanajuato, Gto 9 Noviembre 2021.-Las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobaron diversos dictámenes relativos a los informes de resultados de varios sujetos de fiscalización.
Se trata de los informes de resultados de las auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por Jaral del Progreso, Doctor Mora, Huanímaro, Apaseo el Alto y Santiago Maravatío todos correspondientes al ejercicio fiscal 2020; de la revisión practicada a la cuenta pública del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, ambas por el ejercicio fiscal 2020; así como de la auditoría específica practicada al organismo descentralizado del municipio de León, denominado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), en cumplimiento a la resolución de denuncia de investigación de situación excepcional de fecha 1 de marzo de 2021, dictada en el expediente número ASEG/DGAJ/DISE-10/2020, respecto a los procedimientos de planeación, programación, presupuestación y adjudicación, que derivó en el contrato SAPAL 760-340/2019, relativo a la obra civil(INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES TIMOTEO LOZAN), por los ejercicios fiscales de los años 2019 y 2020.
Asimismo, se radicaron los informes de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de la Universidad de Guanajuato y de la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal de Tarandacuao, ambas correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
De igual manera, se dio cuenta con la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato, para reconsiderar los despidos de maestros, así como del personal administrativo esencial especializado en programas de fortalecimiento a la educación; de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración para que informe a esta soberanía los costos que representan estos ajustes por parte del gobierno del Estado, el costo anual de lo que representaba y solicitar además un reporte del personal dado de baja, donde indique área de adscripción, antigüedad y motivo del ajuste e informe cuántas contrataciones de personal se han realizado desde julio del presente año a la fecha; y de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social para que dé seguimiento y asesoría a las y los trabajadores afectados, en estos despidos injustificados, para que no se violenten sus derechos laborales y acuerdos.
