Guanajuato Gto a 10 marzo 2022.-La congresista de morena Alma Alcaraz Hernández aseguro que en la actual legislación no contempla los mecanismos necesarios para inhibir los actos de corrupción y, por otro lado, al parecer al gobernante en turno le favorecen esas lagunas jurídicas.
Dijo que el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas en materia de obras públicas sigue siendo un tema pendiente, ya de 415 observaciones, 398 no fueron solventadas; es decir, sólo lograron aclarar 17 irregularidades con un monto de 56.9 millones de pesos, de los cuales únicamente se reintegraron o recuperaron 4.9 millones y se aclararon 8.3 millones, quedando un saldo de 43.7 millones observados pendientes de recuperar o aclarar.
En ese mismo periodo de 2019-2021 se realizaron 35 recomendaciones, de las cuales sólo se atendieron 8. Dichos resultados dan clara muestra de la gran cantidad de irregularidades que existen cuando de infraestructura pública hablamos.
Además, hay casos emblemáticos de irregularidades en los municipios, esos espacios en donde más falta hace la obra pública transparente y eficaz pero que en realidad se han convertido en símbolos claros de opacidad y despilfarro. Y la congresista cito varios ejemplos como en Manuel Doblado, el exalcalde panista Artemio León Zárate, fue observado por el presunto desvío de 2.5 millones de pesos; recursos que durante su gestión fueron presuntamente destinados a beneficiar la constructora de su sobrino, entre otros escándalos de presidentes municipales…
Otro ejemplo es lo reportado en la auditoría al ramo general 33 y obra pública 2019 al municipio de León, respecto a la obra pagada y no ejecutada en la pavimentación del Blvd. Hilario Medina, por $366,505.92 (Trescientos sesenta y seis mil quinientos cinco pesos 00/100 m.n.)
Y uno más es, la mala calidad del firme del sótano que presenta múltiples grietas en la 1era etapa del proyecto de modernización de las instalaciones de la Feria de León que afecta un concepto de obra de 4.3 millones de pesos y en la rehabilitación del Blvd. Mariano Escobedo que afecta un concepto de obra de $683,160.66 (Seiscientos ochenta y tres mil ciento sesenta pesos).
Justo este edificio el del Congreso del Estado no está exento de irregularidades en su construcción, solo hay que recordar que su costo original era de $139 millones de pesos, pero que termino costando $700 millones de pesos.
Estas son solo unas pequeñas muestras de la cantidad de observaciones e irregularidades que se encuentran cuando de Obra Pública hablamos y resultan tan evidentes que la propia Auditoria Superior del Estado las observó y los gobiernos panistas no han podido aclararlas o presentar su debida justificación.
Existen procedimientos que facilitan la colusión, el cual consiste en acuerdos entre el contratista y servidor público encargado de la contratación pues hay excepciones a licitación pública injustificadas, y
Se permite el inicio de procedimientos sin estudios ni proyectos de ejecución completos generando incentivos para una mala planeación y las modificaciones a los montos y plazos contratados.
La pérdida de la confianza en nosotros, los servidores públicos cada vez es mayor y una de las razones fundamentales es el gasto a veces irracional de los recursos en obras que al parecer sólo benefician a las partes del contrato y no a los contribuyentes.
Es muy común ver calles o avenidas que son bacheadas cada semana o cada quince días y ese bacheo permanente se debe a que desde el principio la obra fue realizada sin cumplir con los estándares de calidad, con el fin de que cada año esa vialidad necesite mantenimiento y con ello se gaste más y más dinero en las mismas calles cada año.
La Agenda 2030 fue creada para que ninguna de las naciones se quede atrás en el desarrollo sostenible del planeta, por lo que los objetivos son de carácter universal y con ello la obligación de adoptarse e implementarse de acuerdo con las características de cada país.
Particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 busca promover la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y para ello establece una serie de metas como la de “reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas” y la de “Crear en todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”.
Atendiendo a estas realidades, principios y definiciones, la presente iniciativa pretende cerrar las puertas a la opacidad y discrecionalidad con la que se dispone de los recursos públicos en los procesos de contratación de obra pública y por lo tanto se pretenden incluir las siguientes figuras:
El sistema electrónico de contratación gubernamental (CompraNet Guanajuato) y el Testigo Social, hay que recordar que hay 11 estados que tienen el sistema:
La creación de un Sistema Electrónico de Contrataciones gubernamentales propicia la transparencia y el seguimiento de las obras públicas, generando así la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas.
En México, a nivel Federal la herramienta Compra Net se ha utilizado desde 1996, permitiendo desde entonces volver más eficiente el uso de los recursos públicos y alcanzar una mayor cobertura de los servicios y programas gubernamentales..
Vale la pena destacar que Guanajuato es uno de los Estados que en pleno auge de las tecnologías de la información no cuentan con un sistema de compras electrónico, dejando en plena opacidad los procesos de contratación de obras y adquisiciones realizados con el erario.
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) sirve para reducir las barreras en el acceso a la información pública y al combate frontal contra la corrupción, ya que el sistema permite el acceso desde cualquier lugar y sin la restricción de un servidor público, a cualquier persona a los procesos de contratación gubernamentales.
La implementación de CompraNet en las contrataciones de obra pública significa dar acceso a cualquier persona que lo desee a conocer las bases de licitación, así como el seguimiento de los pasos y su eventual fallo de manera virtual, inhibiendo con ello las contrataciones a modo o dirigidas.
Asimismo, propongo la creación del testigo social como el encargado de vigilar que el procedimiento de licitación cumpla con la ley vigente desde la publicación de la convocatoria hasta la firma del contrato.
Se debe considerar que el Testigo Social no es quien califica la contratación de una empresa, sino que se trata de alguien encargado de realizar un monitoreo independiente de la etapa de licitación en un proceso de contratación de obra, en el cual va realizando observaciones, recomendaciones y sugerencias a la dependencia gubernamental.
Otros mecanismos que fomentarán la participación de las y los guanajuatenses son incluir la posibilidad de que cualquier persona pueda proponer o promover la realización de proyectos, obras y servicios que considere necesarios para su comunidad o que puedan solicitar la verificación de calidad de los trabajos de una obra. Con todo ello se fortalece el papel activo que deben tener las y los ciudadanos en las obras que con sus recursos lleva a cabo el gobierno.
Asimismo, a fin de mejorar la transparencia en la realización de obras públicas se propone que sea el Congreso del Estado quien apruebe el Programa de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.
Que las sesiones de apertura y presentación en las licitaciones sean públicas y se transmitan en vivo a través de los medios electrónicos y se establecen los requisitos mínimos que deberán contener los fallos de adjudicación de las obras públicas.
