guANAJUATO gTO 16 jUNIO 2022.- Al subir a la máxima tribuna para exponer la modificación a la ley de Protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas la congresista de morena dijo: No podemos cerrar los ojos a lo que ocurre en Guanajuato, desafortunadamente la violencia que cada vez es más frecuente ha venido orillando a las personas a dejar de ejercer su profesión o actividad por miedo; por miedo a ser violentados, agredidos, porque son amedrentados u obligados a pagar derechos de piso. Esta frustrante realidad se encuentra aún más presente en las actividades que llevan a cabo los periodistas o defensores de los derechos humanos.
No podemos olvidar que el papel que llevan a cabo los periodistas en una sociedad como en la que actualmente vivimos es de suma importancia, ya que son el conducto directo por el que las y los guanajuatenses podemos conocer, incluso desde la fuente, los hechos que ocurren en el estado, esto permite que la ciudadanía se mantenga informada y tenga las herramientas para tomar las mejores decisiones para su comunidad. Por esta razón es llamado el Cuarto Poder.
Por su parte, los defensores de los derechos humanos también han cobrado relevancia en la búsqueda de la verdad. En algunos casos como en nuestro estado, son las propias organizaciones de la sociedad civil las que defienden e incluso investigan los delitos que por obligación debería hacer el gobierno local.
Sin embargo, la cada vez mayor presencia de defensores de los derechos humanos y de periodistas han tenido como consecuencia un aumento en las amenazas y acciones de violencia en contra de los “buscadores de la verdad”, sin que el gobierno pueda asegurar su protección ni mucho menos un castigo a los criminales que dañan su integridad o derechos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) coinciden que los principales factores que incrementan la vulnerabilidad de las periodistas y defensores de derechos humanos son:
1. El incremento de la violencia,
2. La falta de reconocimiento al trabajo que realizan las personas defensoras de los derechos humano y periodistas, y
3. Los niveles altos de impunidad.
Vale la pena destacar que justamente el incremento de la violencia en nuestro Estado y los altos niveles de impunidad que vivimos, han sido determinantes para que el día de hoy los periodistas y defensores de derechos humanos realicen sus actividades enfrentando mayores peligros para ellos y sus familias.
A principios de este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su Informe Anual 2021, el cual incluye un capítulo sobre el seguimiento de recomendaciones formuladas en sus informes de país o temáticos, en el que se presentaron los siguientes acontecimientos:
Para Guanajuato, “la CIDH repudió públicamente el asesinato de Javier Barajas, (integrante de la organización “Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia”, hoy llamada “Ángeles de Pie por Ti”) en circunstancias no esclarecidas. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO Juárez conocido como Centro PRODH, indicó que Javier Barajas era hermano de Guadalupe Barajas, quien desapareció en febrero de 2020 y desde ese momento, tanto Javier, como sus padres, se abocaron a su búsqueda, hallando diversas fosas clandestinas, hasta que finalmente en febrero de 2021 identificaron el cuerpo de Guadalupe en la fosa clandestina de Salvatierra, Guanajuato, junto con otros 80 cuerpos.
Asimismo, se comunicó a la CIDH que el señor Barajas trabajó en la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato y junto con su familia tuvo una participación con los colectivos de familiares en las búsquedas realizadas en dicho estado. Según lo informado, desde el hallazgo de la fosa de Salvatierra se incrementaron las amenazas y seguimientos en su contra, hasta su asesinato, actualmente se encuentran detenidas y procesadas por homicidio dos personas y su familia se encuentra desplazada por seguridad. A este asesinato se sumaron diversos incidentes de seguridad y amenazas contra familiares que realizan las búsquedas en Guanajuato, donde al menos cuatro familiares refieren recibir amenazas derivadas de su papel en la búsqueda de sus familiares.”
De igual manera, se denuncia que, el 21 de mayo de 2021, “… un sujeto desconocido habría agredido físicamente a Luis Raúl Aguilar Pérez, fundador de los medios digitales Pénjamo.Biz y Pénjamo.Biz 2.0, cuando regresaba a su casa en la localidad de Pénjamo, Guanajuato. El reportero habría resultado herido en los brazos y el cuello, y debió ser intervenido quirúrgicamente en un hospital local, según información de fuente pública…”
Otro hecho denunciado ante la CIDH fue el ocurrido el 5 de septiembre de 2021 en la ciudad de León, cuando un hombre asesinó a Devanny Cardiel, activista reconocida por defender los derechos de las personas trans.
Este homicidio fue cubierto por el portal Presentes el 9 de septiembre de 2021, donde claramente describe lo que sufren las personas de la comunidad LGBT+, y más aún cuando se dedican a la protección de los derechos humanos.
Esta organización de la sociedad civil mencionó, en relación con ese homicidio que: “No podemos olvidar que Guanajuato ha sido uno de los estados históricamente más conservadores de México. Además, el robo de combustible; las disputas territoriales entre grupos del narcotráfico; la actual estrategia fallida de seguridad; la negación e impunidad de violaciones graves a derechos humanos como la desaparición de personas, la crisis forense, y la creciente violencia feminicida lo han convertido, en el último lustro, en uno de los estados más violentos.”
No podemos dejar de mencionar que en nuestra legislación contamos con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, publicada el 26 de octubre de 2017; sin embargo, a pesar de su existencia no se han alcanzado las acciones requeridas para impedir las agresiones y muertes en contra de los activistas y periodistas.
El problema del texto vigente es que solamente contempla las medidas de protección sin que se obligue a las autoridades a investigar y llevar a juicio a quienes amenazan a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Por lo tanto, no es de celebrarse que en el año 2021 se hayan activado 43 mecanismos de protección de periodistas y defensores de derechos humanos tal como lo dio a conocer en entrevista la Secretaría de Gobierno Libia García Muñoz Ledo, sin que al momento se hayan capturado y llevado ante la justicia a las personas que impunemente amedrentan a los “buscadores de la verdad”.
Las Personas Defensoras de Derechos Humanos y los Periodistas llevan a cabo actividades de suma importancia y valor social; sin embargo, esa misma importancia los ha situado como un grupo especialmente vulnerable que constantemente sufre amenazas, ataques, agresiones que incluso culminan acabando con sus vidas o la de sus familias.
Con dicha modificación se establece una garantía para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia de quienes ejercen dichas profesiones; asimismo, se incorporan las figuras de la coerción, censura o control de los medios de comunicación o periodistas dentro del concepto de agresiones, a fin de adecuar dicho concepto a otras conductas que resultan igualmente nocivas para el ejercicio de la libertad de expresión.
En el mismo sentido se incluye a las amenazas como los actos de intimidación o advertencia que igualmente tienen como finalidad coartar alguno de los derechos de los periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos o interferir en su labor y que por lo tanto deben ser igualmente investigados, monitoreados y atendidos por las autoridades correspondientes.
Además, para dar certeza jurídica a los beneficiarios de la ley es que se incorpora la obligación de la autoridad de notificar personalmente y mediante un dictamen debidamente fundado y motivado el retiro de las medidas; justificando en su caso, las razones por las cuales el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas considera que las mismas ya no son necesarias para proteger la vida, integridad, libertad o seguridad del beneficiario.
