Guanajuato Gto 21 abril 2022.- La diputada Ruth Noemí Tiscareño propuso exhortar a titulares del Ejecutivo federal y de la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de que tomen medidas urgentes y contundentes que impidan la introducción ilegal de armas de fuego y proyectiles a nuestro país.
Promovido también por el diputado Alejandro Arias, coordinador del GPPRI, la propuesta de Punto de Acuerdo es para que se impida la introducción de armas de fuego y proyectiles por fronteras, litorales y aduanas, pero también para que se persiga y sancione con eficacia a quienes las introduzcan, acopien, trafiquen y/o porten dentro de nuestro país.
Tiscareño Agoitia afirmó que, si bien las consecuencias del contrabando de armas de fuego afectan a todas las entidades federativas, sólo la Federación es responsable de evitar que las mismas ingresen a nuestro país, “lo que nos deja en un verdadero estado de indefensión”.
En ese sentido, reconoció la ineficacia de los tres órdenes de gobierno para disminuir índices de inseguridad y de violencia y la del Estado Mexicano para impedir, perseguir y castigar la introducción, tráfico, acopio y posesión de armas de fuego, pero también subrayó que esos ilícitos, “aunque, a algunos no les guste reconocer, se encuentran dentro del monopolio de seguridad y procuración de justicia del fuero federal”
“Y lo anterior es así porque, en materia de control fronterizo y tráfico de mercancías, las únicas autoridades que tienen injerencia directa son las federales”, abundó Tiscareño Agoitia, quien, apoyada en cifras oficiales, evidenció “la relación directa entre el tráfico, acopio y portación de armas de fuego y la violencia que impera en el país y que castiga con especial énfasis a algunas entidades más que a otras, como es el caso de Guanajuato”.
Consideró indispensable visibilizar que, la tarea de los cuerpos de seguridad locales, se dificulta ante la ineficacia del Gobierno Federal de cumplir con su deber, lo que se traduce en un innegable poder de fuego de grupos criminales y dificulta tareas preventivas.
“Parece broma, pero es verdad que, un país en donde el tráfico de armamento y su portación sin permiso están prohibidos, sea uno de los más castigados por los crímenes que involucran estos instrumentos”, dijo y destacó que cifras oficiales refieren que en 2020 cerca del 30% de los delitos se cometieron con un arma, y el 70% de todos los homicidios dolosos registrados en 2021.
La diputada del GPPRI reconoció acciones que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la demanda civil contra fabricantes de armas en Estados Unidos y pronunciamientos realizados en algunos foros internacionales, pero subrayó que, “aunque pudiesen en todo caso prosperar, resultan insuficientes” sin finalmente el Gobierno Federal no cumple con el papel que le corresponde.
Finalmente, Ruth Noemí Tiscareño cuestionó de qué sirve que los legisladores locales o federales “agraven penas, modifiquen los sistemas penales, o creen nuevas figuras jurídicas, si quien debe ser el brazo ejecutor de la ley, prefiere la política de los abrazos, contrario a lo que profesara el primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, en el sentido de “que no hay arreglo posible entre el crimen y la ley”.
