Guanajuato Gto a 24 Junio 2022.- De nueva cuenta la congresista por Morena en el congreso del estado de Guanajuato Alma Alcaraz Hernández en la penúltima sesión de este periodo ordinario de sesiones subió a la máxima tribuna para poner el dedo en la llaga en contra de los abusos que ha cometido el partido en el poder y dijo: hago uso de la voz para hablar en contra de este dictamen que valida la continuación del saqueo de las arcas públicas para beneficio privado a través del proyecto Toyota.
El Partido Acción Nacional lleva años abrazando un modelo de desarrollo que parte de premisas y bases conceptuales equivocadas: piensan que sólo la acumulación de riqueza y la bonanza económica por parte de las élites puede ayudar a sacar de la pobreza a la gran mayoría de la población.
Piensan que favorecer a las grandes empresas ayuda a generar empleos, y que esto inevitablemente mejora las condiciones de vida de toda la población. Hoy en día, sabemos que esta teoría está equivocada: la reducción de la desigualdad y la pobreza no se vincula causalmente a la prosperidad inducida de las grandes empresas.
Lamentablemente, esta es la teoría que ha fundamentado la política de subsidios a los grandes empresarios, y el caso del proyecto Toyota es sólo una más de las expresiones de esta política.
En este caso, el proyecto para favorecer a Toyota con terrenos se materializó en noviembre de 2015, cuando el Gobierno del Estado firmó un Convenio de Apoyos y Transmisión de Tierra con la empresa Toyota Motor.
En ese momento, el gobierno estatal se comprometió a pagarle a Toyota 18.5 millones de pesos en incentivos en efectivo; 5 millones más de apoyo al reclutamiento y gestión del proyecto; y hasta 1,395.2 millones de pesos por la dotación de la tierra y programas de capacitación. Es decir, de un plumazo, las autoridades estatales se comprometieron a destinar 1,418.7 millones de pesos para favorecer al capital extranjero.
Al mismo tiempo, el gobierno federal del PRI se comprometió a dar otros 1,403 millones de pesos en incentivos para este proyecto.
A cambio de este subsidio, que en total asciende a 2,822.4 millones de pesos, Toyota se comprometió a crear 2,000 empleos directos e invertir 947 millones de dólares en un periodo de 5 años.
En febrero de 2017, el Gobierno Federal del PRI señaló que no podría adquirir los terrenos restantes para otorgárselas a Toyota en las condiciones pactadas: 1 dólar por metro cuadrado. Sin embargo, el gobierno estatal decidió asumir el costo de hacerlo por su cuenta.
En este sentido, en 2019 el gobierno estatal firmó un convenio para cederle parcialmente los derechos de posesión de los terrenos del polígono espuela ferroviaria. Además, se comprometió a perfeccionar la posesión de estos terrenos para posteriormente transmitírselos a la empresa al costo pactado en 2015: 1 dólar por metro cuadrado.
Ahora, luego de casi 7 años de haber comenzado a subordinar el patrimonio y el presupuesto público a las necesidades de Toyota, el gobierno estatal ha completado la posesión de esos terrenos del polígono espuela ferroviaria.
Según los avalúos, estos terrenos tienen un valor de aproximadamente 44.2 millones de pesos, pero se los van a transmitir a la empresa por 1.29 millones de pesos. Con esto, van a dar un subsidio de 42.9 millones de pesos, adicionales a todo lo que ya les han dado.
La justificación del dictamen es la usual: se considera que la empresa representa un beneficio a la población por la generación de fuentes de empleo y por los impuestos que genera para el estado. Una vez más la teoría del goteo: darles mucho para que goteen los beneficios.
Adicionalmente, es necesario precisar que este dictamen no está cumpliendo con los requisitos legales que exige nuestro marco normativo.
Primero. Este Congreso tiene la facultad de cuidar que no se afecte el patrimonio estatal ni el interés colectivo.
Segundo. Para hacer posible la enajenación de los terrenos, sería necesario observar la fracción III del artículo 49 de la Ley del Patrimonio Inmobiliario, que señala que los bienes inmuebles como los terrenos sólo podrían venderse para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad.
En el caso que nos ocupa no se está acreditando cómo se beneficia a la colectividad con esta nueva transmisión ventajosa de terrenos a Toyota. Se dice qué supuestos beneficios se han tenido hasta ahora, pero no se dice qué beneficios se tendrán con este nuevo movimiento. De esta manera, al votar a favor no estaríamos cumpliendo con nuestra facultad de cuidar el patrimonio estatal e interés colectivo.
Por lo anterior, desde Morena no podemos validar este dictamen, pues consideramos que no es legítimo seguir pagando los beneficios privados con el dinero de todas y todos, mucho menos cuando esto se hace manipulando o pasando por alto las normas.