Guanajuato, Gto 16 Agosto 2022. – Las Comisiones Unidas de Justicia y para la Igualdad de Género sesionaron este día para analizar dos iniciativas de reforma en materia de violencia digital y mediática.
La primera, formulada por el grupo parlamentario del Partido MORENA, pretende modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato y el Código Penal con la finalidad de dar mayor claridad a términos legales como violencia digital y violación a la intimidad sexual para erradicar la violencia estructural contra las mujeres en materia digital y mediática.
El diputado David Martínez Mendizábal manifestó que tenían la responsabilidad de ajustar la ley a la problemática social y que la propuesta lleva medidas para garantizar la seguridad de las víctimas.
Mientras que la segunda, propone reformas a la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato para dotar de atribuciones a dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal para instrumentar acciones coordinadas en favor de la prevención y protección de las mujeres y niñas.
La congresista Katya Cristina Soto Escamilla indicó que se busca combatir la violencia contra la mujer, y subrayó que la violencia digital y mediática contra las mujeres y niñas representa un obstáculo para su acceso seguro a una vida libre de violencia.
Ruth Alejandra Yáñez Trejo, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, coincidió con la iniciativa presentada y señaló que estaban de acuerdo con la adición que se hacía a la Ley. Por su parte, Jonathan Moreno Becerra representante de la Fiscalía General apuntó que consideraban que lo pretendido con la primera iniciativa no resultaba sistemático con lo establecido en la ley; mientras que en la segunda, manifestó que tendrían que realizar algunos ajustes.
En su participación, Agustín Martínez Elías de la Procuraduría de Derechos Humanos precisó que la iniciativa era en beneficio de los derechos humanos de las mujeres; y los representantes de la Coordinación General Jurídica señalaron que la segunda propuesta era viable.
La diputada Yulma Rocha Aguilar destacó dos elementos, uno que era una armonización legislativa y como en todas ellas se tiene que alinear a la general; el otro, dar claridad en cuanto a si es modalidad o tipo.
En su intervención, la legisladora Martha Edith Moreno Valencia agregó que las iniciativas coincidían con algo elemental que era combatir la violencia contra las mujeres y que, como tal, niñas y mujeres enfrentaban de manera distinta el internet. También detalló algunas estadísticas sobre la materia y resaltó la importancia de legislar en el tema.
Posteriormente se inició con el análisis artículo por artículo de las propuestas. De manera general se comentó que se debía retomar la violencia digital y mediática en el artículo quinto y no en el sexto; delimitar y dejar el término erótico sexual; el tema del consentimiento y la omisión; en cuanto al tipo penal de afectación a la intimidad señalaron que es adecuada la redacción actual.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá manifestó que había una coincidencia generalizada en el avance de las dos propuestas y subrayó que lo que se procura es tener claridad y certeza para generar la política adecuada para atender una problemática grave. En ese sentido, solicitó la elaboración del dictamen, en sentido positivo, considerando los temas encorchetados como eran la omisión, la colocación del ámbito mediático, el tipo penal y si era pertinente que sea de oficio o por querella.
Estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta), Yulma Rocha Aguilar, Martha Guadalupe Hernández Camarena, Katya Cristina Soto Escamilla y Martha Edith Moreno Valencia; así como los diputados Cuauhtémoc Becerra González y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. Los acompañaron los congresistas Gerardo Fernández González y David Martínez Mendizábal.
Además, participaron Ruth Alejandra Yáñez Trejo del Supremo Tribunal de Justicia; Jonathan Moreno Becerra y Berenice Ramírez Ojeda de la Fiscalía General; Federico Ruiz y Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica; Eliana Alejandra Bernardino Cruz de la Universidad de Guanajuato y Agustín Martínez Elías de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
