Guanajuato, Gto 6 Octubre 2022. – En sesión ordinaria, la diputada Alma Alcaraz Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, en materia de protección a la vida de los menores de edad.
La propuesta plantea incrementar las penas de prisión cuando se cause la muerte de un menor de edad y mejorar el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como modificar los lineamientos sobre el funcionamiento y las actuaciones de dicho sistema.
En su intervención, la congresista manifestó que los niños, niñas y adolescentes del estado de Guanajuato son el sector más vulnerable en la ola de crímenes y asesinatos que se asienta cada vez más en la entidad, y consideró que parecía no ser de alta importancia para el gobierno estatal, particularmente para los entes de procuración y administración de justicia.
Afirmó que, a pesar de contar con normas como la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en muchas ocasiones se quedaba en buenas intenciones, y solo se creaban estructuras burocráticas.
La legisladora refirió que la entidad ha estado escalando en los últimos años a los primeros puestos a nivel nacional en materia de delitos como el homicidio, secuestro y violación en contra de menores de edad.
Habló de la información que publicó la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en donde, dijo, se advierte que Guanajuato concentró el mayor número de menores que fallecieron por homicidio con un total de 249, y que ocupa el primer lugar a nivel nacional por homicidio con arma de fuego con 136 casos de menores de 17 años.
Alcaraz Hernández puntualizó que la cifra de menores desaparecidos no era más alentadora, ya que en lo que va de 2022 se registraron 221 desapariciones, de las cuales Irapuato registró 36, Celaya 34, León 16 y San Miguel de Allende 12, siendo los municipios con mayor número de casos.
“Queda plenamente demostrado que la seguridad de los menores en el Estado no es un tema relevante en la procuración y administración de justicia e incluso en lo legislativo, y sólo se emiten algunas leyes para cumplir con compromisos morales”, indicó la legisladora.
Finalmente, argumentó que la propuesta plantea establecer la pena de prisión de treinta a sesenta años a quien cause la muerte a un menor de edad; fijar como homicidio calificado a quien cause la muerte de un menor por la propia detonación de arma de fuego, aún y cuando el objetivo no fuera él; que el presupuesto del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no podrá ser menor al aprobado en el año anterior; que la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes brindará asistencia legal a los menores en todo momento, entre otros.
