Guanajuato, Gto 23 febrero 2023. – El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato con la finalidad de regular y garantizar la entrega administrativa de los fraccionamientos y condominios, así como los servicios públicos de los mismos, a las autoridades municipales.
Lo anterior para brindar certeza jurídica y administrativa a los residentes, condóminos y posibles compradores de inmuebles, y regularizar los servicios municipales que por décadas les han sido negados por la falta de las recepciones administrativas de los desarrollos en que viven.
En la exposición de motivos del documento, el diputado Alejandro Arias Ávila manifestó que los municipios tienen a su cargo una variedad de servicios imprescindibles para el desarrollo adecuado de la vida de sus habitantes, y que el crecimiento del Estado ha venido acompañado del de la población, fenómeno que representa grandes retos para los gobiernos, que repercuten directamente en la calidad de vida de los habitantes.
En ese sentido, refirió que de acuerdo con el censo de población y vivienda 2020, en la entidad hay 6 millones 166 mil 934 habitantes y se contabilizan 1 millón, 586 mil 131 viviendas particulares habitadas, de las cuales no todas cuentan con acceso a servicios básicos, pues sólo 81.5% disponen de agua entubada dentro de su vivienda, 99% cuentan con energía eléctrica y 82% tienen drenaje conectado a la red pública.
Arias Ávila manifestó que para cubrir la demanda de vivienda se detonó la creación de una multiplicidad de desarrollos habitacionales que contemplan una gran variedad de opciones, ofertándose en función de la disponibilidad de espacios para desarrollar, la planeación urbana, la capacidad adquisitiva de los compradores y la cercanía con los centros de población.
Refirió que si bien en el mencionado Código Territorial se establece el procedimiento para la construcción de fraccionamientos y condominios, así como las fases para la conclusión de éstos, se ha convertido en una práctica relativamente habitual que los desarrolladores concluyan con la venta de los lotes o inmuebles sin que se finalice la conclusión de todo el proceso, omitiendo, en algunos casos la realización de obras de urbanización, las entregas administrativas a los organismos operadores o la correspondiente al gobierno municipal, sin que se suspenda el permiso de venta ante el retraso injustificado de las obras.
“Dentro de los municipios del estado, principalmente, en los que poseen mayor densidad poblacional se ha suscitado una problemática, respecto al desarrollo de fraccionamientos y condominios, en donde, actualizándose el incumplimiento de diversas etapas del proceso para su construcción y urbanización por parte de los desarrolladores, los mismos no son entregados administrativamente a los municipios y en algunos casos tampoco se realizan las entregas correspondientes a las dependencias o entidades encargadas de los servicios públicos”, detalló.
Asimismo, subrayó que era importante que por parte del Poder Legislativo se realicen acciones que se traduzcan en una normativa que brinde más herramientas a las administraciones municipales para que estén en aptitud de realizar las medidas concretas e idóneas que impidan el sistemático incumplimiento en la ejecución de las obras de los desarrollos.
“El incumplimiento de los desarrolladores aunado a la inacción de las administraciones municipales, dejan indefensos a los colonos, residentes y/o condóminos que, incluso cuando recurren ante la autoridad para la resolución de sus problemáticas cotidianas, el argumento de la misma es que el fraccionamiento no está municipalizado, negándoles la atención y servicios a que tienen derecho”, indicó.
Finalmente, manifestó que es indispensable que se actualice el marco normativo con el fin de que se realicen modificaciones donde se especifique la obligación de los desarrolladores a realizar las entregas administrativas; así como no permitir que los que hayan incumplido con las mismas tengan la posibilidad de realizar nuevos desarrollos, hasta en tanto no regularicen la situación de los fraccionamientos o condominios en donde hayan incumplido
