Guanajuato, Gto 20 abril 2023. – Con el objetivo de fortalecer el sistema de rendición de cuentas, así como establecer las directrices del procedimiento de responsabilidad administrativa que habrán de seguirse en contra del titular de la contraloría municipal cuando de sus actos u omisiones se desprenda la posible comisión de una falta administrativa que amerite la imposición de una sanción, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia comentó que la rendición de cuentas se erige como la vigilancia y observación de los recursos públicos por parte de los gobernantes de manera interna.
Comento que los órganos de control deben vigilar la hacienda pública, su ejercicio, así como el sano desempeño de los funcionarios, en su actuar y en la aplicación de los recursos, bajo los principios de información, justificación y sanción.
“La previsión de esta institución jurídica constituye un requisito indispensable para la existencia de una buena administración pública municipal, pues resulta ser su control permanente, sin el cual se corre el riesgo de que los servidores públicos a cuyo cargo está dejen de atender el interés público y se dediquen a colmar su interés particular”, enfatizó.
Dijo que se detectó que existe una falta de un procedimiento que permita llevar a cabo la instauración de responsabilidades administrativas que el contralor municipal actualice cuando de las conductas que realice se aprecie que ha actuado fuera del marco de las leyes ya que, afirmó, que el contralor municipal como todo servidor público no se encuentra exento de cometer actos u omisiones que se traduzcan en violaciones a las leyes que impliquen responsabilidad administrativa.
La Congresista local indicó que está establecida la posibilidad de destitución del cargo del contralor, pero en la Ley Orgánica Municipal no se precisa un procedimiento que permita llevar a cabo una investigación, a través de una autoridad investigadora.
Al respecto, comentó que se plantea que la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción tenga como atribución erigirse como autoridad investigadora de faltas administrativas que pudiese cometer el contralor municipal; que el Ayuntamiento podrá acordar la creación de una comisión plural substanciadora que dirija y conduzca el procedimiento de responsabilidad administrativa; y establecer que el contralor municipal podrás ser sujeto a las sanciones administrativas que derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa se desprendan.
