Guanajuato, Gto 20 abril 2023. –La Congresista Alma Alcaraz Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, formuló una propuesta de reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato para establecer como atribución del auditor superior que pueda impugnar las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa respecto a los casos derivados de denuncias presentadas por dicho funcionario.
Alma Alcaraz dijo que la corrupción puede entenderse como el conjunto de acciones u omisiones relacionadas con el uso inadecuado de recursos públicos para favorecer a un interés particular, y que esa representaba una conducta violatoria de los principios democráticos, además de que tiene una repercusión importante sobre la disponibilidad, calidad y accesibilidad de bienes y servicios vinculados a los derechos humanos.
Agregó que una de las deficiencias que identificaron es que, actualmente, el auditor superior no tiene la atribución de impugnar las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa en cuanto a denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado del Guanajuato -ASEG- ante dichas instancias, por lo que resultaba necesario ampliar los alcances y herramientas con las que cuenta la ASEG para llevar a cabo sus labores de fiscalización.
La congresista ejemplificó con algunos casos que fueron archivados sin precisar razones y sin que la ASEG contara con las atribuciones necesarias para impugnar dichas determinaciones, como lo sucedido en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra (SMAPAS), donde se denunció un posible fraude, pues se pagaron 444 mil pesos a un proveedor y no existía contrato ni evidencia de las labores supuestamente realizadas; entre otros.
Finalmente, comentó que consideraban necesario establecer la atribución de impugnar las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, la cual ya se contempla en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y consideran necesario que en lo local se tenga una herramienta homóloga.
