Guanajuato, Gto 11 mayo 2023. – El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo a fin de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que revise la actuación del secretario de Finanzas, Inversión y Administración en la celebración del “Convenio de apoyo económico recuperable con interés y garantía hipotecaria” que firmó con la empresa Fieracapital Inmobiliaria S.A. de C.V., y se realicen las denuncias correspondientes en caso de acreditarse la posible comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
En las consideraciones, se menciona que un error en el contrato de fideicomiso del Estadio León provocó que Roberto Zermeño y Héctor González demandaran el incumplimiento del contrato de fideicomiso, y obtuviera fallos judiciales favorables que ordenaron le fuera devuelta la propiedad del estadio, que había sido fideicomitido.
Se indica que la demanda inició en el año 2011 contra el municipio de León, que bajo diferentes administraciones perdió, sucesivamente, en todas las instancias, hasta llegar el año 2018, en donde, después de varios años de litigio, la resolución final y definitiva fue emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a favor de Roberto Zermeño y Héctor González.
También se observa en el texto que ante la situación Grupo Pachuca anunció que había llegado a acuerdos para comprar el estadio. Y fue el empresario Jesús Martínez Patiño quien reconoció un préstamo de 230 millones de pesos, por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la sociedad mercantil de su propiedad Fieracapital inmobiliaria S.A. de C.V.
Por su parte, el documento enuncia la existencia de una violación a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y que el Pleno del Congreso de Guanajuato debe actuar para que se sancione a los funcionarios que autorizaron el préstamo.
Finalmente, se expresa que la situación que el hecho debe ser evaluada como la probable comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que se comete por quien teniendo a su cargo fondos públicos, les da una aplicación distinta de aquella a que están destinados. Así mismo, la situación descrita podría configurar la falta administrativa grave de Servidor Público, consistente en desvío de recursos públicos, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
