CDMEXICO 15 MARZO 2021.- Juan Carlos Romero Hicks líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados exigió al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dejar actuar a la justicia y evitar amenazas al juez que otorgó suspensiones y frenó la ley eléctrica.
“Como lo advertimos públicamente desde la tribuna: la iniciativa preferente que modificó disposiciones en materia eléctrica es violatoria del artículo 28 constitucional y ahora el Poder Judicial de la Federación nos ha dado la razón, al conceder suspensiones legales contra este engendro de la cuarta trastornación; exigimos al presidente López Obrador deje actuar con libertad a la justicia”, dijo.
“No aceptaremos presiones contra la división de poderes, fundamento de nuestra República”, expresó Romero Hicks al señalar que el presidente López Obrador debería recordar que en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece con nitidez que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Lo anterior cobra relevancia ante los últimos acontecimientos que vive el país, en los que el ejecutivo propuso una iniciativa preferente en materia eléctrica, el legislativo la aprobó, pero el judicial ha entrado en un proceso de valoración judicial del decreto ya publicado.
Sin embargo, ahora el Presidente de la República ha expresado un señalamiento indebido en contra del juez que ha conocido uno de los amparos promovidos en contra de las reformas.
Para Romero Hicks, ese amago por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal en contra del juez que hasta ahora ha recibido una decena de amparos de los ciudadanos afectados, es un acto inaceptable, ya que atenta contra los fundamentos de nuestra República.
El dirigente de la bancada panista aseguró que, desde la presentación de la iniciativa preferente, el GPPAN advirtió que con ella se pretendía regresar al monopolio estatal en donde se hace a un lado a los competidores, donde la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad mantendrían el control absoluto en generación, vulnerando la libre competencia.
Lo anterior, agregó, va en sentido contrario a lo establecido en la Constitución –artículos segundo, tercero, 25, 27 y 28–, sobre el derecho a la salud, el medio ambiente y respecto a que la generación de energía eléctrica y su compraventa, junto con su comercialización, son actividades abiertas a la libre competencia y a la libre concurrencia.
Pero lo más grave es que lejos de beneficiar a los ciudadanos, les implicará un mucho mayor costo –vía tarifas o vía impuestos– además de generar una contaminación que en todo el mundo se trata de erradicar de la producción eléctrica.
LO DIJIMOS EN TODA LA RUTA DE LA INICIATIVA
Como corresponde a una iniciativa preferente, todo se procesó durante el mes de febrero, bajo la consigna autocrática de no “moverle una sola coma”.
El día primero se recibió la propuesta presidencial en la Cámara de Diputados.
El 11 se llevó a cabo el Parlamento Abierto. El 19 se aprobó el dictamen en la Comisión de Energía.
El 23, la Cámara de Diputados aprobó la reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y cinco días después, el Senado de la República hizo lo propio.
El 9 de marzo se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Pero al día siguiente se presentaron los primeros amparos de los ciudadanos en contra del decreto de reforma de la Ley de la Industria Eléctrica.
Modificó el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas, para quedar en orden de prioridad: Energía Producida por Hidroeléctricas, Energía Generada en otras Plantas de la CFE, Energía eólica o solar de particulares y Ciclos Combinados de empresas privadas.
“Este es un engendro de la cuarta trastornación que siguió al pie de la letra la petición presidencial en el sentido de no cambiar ni una coma, aun cuando de acuerdo con el GPPAN había que cambiarle muchas, ponerle punto y seguido, punto y aparte y mejores contenidos. Por eso ahora terminará litigándose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque pasa por encima de lo dispuesto en nuestra Carta Magna”, precisó.
Además, trastocó un principio mundialmente reconocido de la industria eléctrica como lo es el despacho eficiente, que significa dar prioridad a quien genere al menor costo, por encima de consideraciones políticas e ideológicas.
Si el deseo era una estrategia para reimpulsar las empresas productivas del Estado y su papel como protagonistas en el desarrollo económico y social del país, debió articularse con los diversos tratados internacionales en materia de protección al ambiente y energías renovables de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con el marco jurídico nacional que protege los principios de libre concurrencia, dijo Romero Hicks.
Indicó que este es otro fraude más a los que nos tiene mal acostumbrado este gobierno, porque supuestamente está en línea con los Acuerdos de París, del que México es firmante, pero en realidad no cumple con el principio de generar más energía limpia.
De hecho, pone en riesgo la posibilidad de que nuestro país pueda producir en el mediano y largo plazo la energía que necesitamos para seguir creciendo Nuestra postura como bancada de oposición es evitar se perpetúe la opacidad e ineficiencia.
Con datos de la Cuenta Pública 2019, las centrales de generación de la CFE registraron pérdidas de 10 mil millones de pesos.
“Lo advertimos con insistencia en los debates: no se podrán evitar situaciones como la que sufrimos con un mega apagón al principio de este año, en el que la CFE se quedó sin gas para generar energía en sus centrales. Fue una pifia de esa empresa por no contratar la cobertura sobre el precio de compra del gas en el periodo invernal y en plena crisis tuvo que adquirir gas al precio spot en el mercado y simplemente no quiso pagarlo en tiempo de frío intenso”, dijo.
“El GPPAN lo estableció con claridad durante la aprobación de la iniciativa preferente: lo único que van a generar es incertidumbre jurídica porque el contenido de esta iniciativa es un refrito de los acuerdos de la Sener y la CENACE, que ya la Corte declaró inconstitucionales por contener claros vicios de inconstitucionalidad, como lo señaló también la Comisión Federal de Competencia Económica”, finalizó.
