Guanajuato, Gto 7 marzo 2024. El diputado David Martínez Mendizábal presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato, con el objeto de que la cultura sea reconocida y valorada como esencia del desarrollo.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el congresista aseveró que buscan reconocer de manera clara y asertiva que los derechos culturales forman parte indisociable de los derechos humanos, para protegerlos del riesgo de que puedan ser usados para limitar su alcance.
Agregó que la cultura y sus diversas expresiones son una valiosa manifestación de la riqueza de su población, que requieren ser estudiadas, valoradas, reconocidas y protegidas con la intervención del Estado.
El legislador precisó que era necesario reposicionar a la cultura en la legislación local como espacio social de realización humana, parte fundamental del tejido social que se crea, ya que la cultura forma parte integral de la identidad de cada grupo o comunidad, y el tejido social se refiere a las relaciones y vínculos que se establecen entre sus miembros, dijo.
“Dejemos de ver a la cultura reducida a la programación de espectáculos y exposiciones, arte, folklore y literatura, y reconozcamos su valioso papel social, en que se fortalecen los lazos sociales y se construye el sentido de pertenencia y la cohesión social, que es urgente reconstruir ante las diversas situaciones que afectan a las y los guanajuatenses”, enfatizó Martínez Mendizábal.
Añadió que invertir en cultura facilita la creación de espacios de encuentro y diálogo entre diferentes grupos de la sociedad.
Entre los cambios propuestos se encuentra modificar la definición de cultura; incorporar el equilibrio dinámico entre lo global y lo local como elemento para alinear las finalidades de las políticas culturales; fortalecer la atención de la política cultural en materia de pueblos indígenas para que no considere sólo las culturas indígenas originarias del estado, sino también las indígenas inmigrantes; y establecer un mecanismo garantista de que los recursos públicos destinados en actividades culturales de residentes en la entidad sean por lo menos iguales a los empleados en actividades culturales extranjeras o no residentes de la entidad.
