Guanajuato, Gto 11 abril 2024. – El diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, formuló un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato para que informen si el fraccionamiento conocido comercialmente como La Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, cuenta con los permisos necesarios para su desarrollo.
De igual manera, para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial informen si han iniciado alguna investigación sobre dicho fraccionamiento y, en su caso, los avances.
En las consideraciones de la propuesta refirió que desde el año 2019, la entonces delegada de la comunidad de Santa Rosa en Guanajuato capital, inició la defensa de la conservación de la Sierra de Santa Rosa y el suministro de agua para su comunidad y de todas las demás enclavadas en ese pulmón del estado.
Comentó que la construcción del multicitado fraccionamiento avanzó con el aval del gobierno municipal sin consultar a los habitantes y en complicidad con el entonces delegado y los integrantes del Comité Rural del Agua, que firmaron un convenio para ceder el líquido para la construcción y operación del desarrollo, el cual no contaba ni cuenta con el aval ni permisos de la SEMARNAT ni de la Procuraduría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, necesarios para el cambio de uso de suelo y lotificación del desarrollo, dijo.
“La preocupación de los habitantes de la sierra no es infundada, este fraccionamiento pretende extraer agua de la Presa de Peralillo, espacio que además de ser un espacio de captación de agua, sirve como centro de desarrollo familiar, para actividades deportivas y recreativas, así como de espacio de desarrollo económico y turístico de la zona”, precisó.
Finalmente, Millán Soberanes indicó que, con la información oficial y pública que existe hasta el momento, quedan muchas dudas de la legalidad del fraccionamiento y la existencia de los permisos necesarios de los tres niveles de gobierno para que se pueda realizar un desarrollo residencial de esa magnitud en la Sierra de Santa Rosa, que es área natural protegida.
