Guanajuato, Gto 4 noviembre 2025. – La Comisión de Salud Pública realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado, con la finalidad de implementar un sistema estatal de datos que recabe indicadores sobre insuficiencia renal, que permitan establecer factores de riesgo, causas, efectos, origen y tendencias para dar seguimiento a su progresividad.
Al emitir opinión, los asistentes expresaron que la propuesta es viable al no contraponerse con la normativa federal, con respecto a la recopilación de información, toda vez que se robustecen los elementos ya existentes en los subsistemas de información de salud; que es necesario revisar a detalle los elementos de cada apartado propuestos, con el objeto de distribuir responsabilidades, definir los mecanismos de coordinación interinstitucional y precisar instrumentos de recopilación de la información, con la finalidad de garantizar la calidad de esta, asegurando en la medida de lo posible la ejecución y registro óptimo para un adecuado análisis y planeación estratégica de la atención de este problema de salud pública.
Asimismo, se comentó que dentro de la Dirección de Control de Enfermedades y Promoción a la Salud se tienen unidades de primer nivel de atención, en el que se contemplan acciones de búsqueda intencionada de factores de riesgo en toda aquella persona que tiene más de 20 años; se dijo que se han realizado más de 50 mil pruebas en lo que va del año; también que los procesos implementados en la Secretaría de Salud abarcan el inicio de tratamientos y que dicha institución se ha caracterizado por sus equipos multidisciplinarios; que la propuesta promueve un sistema unificado que defina indicadores que permitan visualizar la trazabilidad, riesgo poblacional y tendencias; aunado a tener un censo o datos alineados a la realidad de la incidencia de enfermedades renales; y prever los impactos presupuestales.
Finalmente, el diputado Antonio Chaurand Sorzano compartió que la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas opinó que los alcances de la propuesta no advierten un impacto presupuestal evidente al implementar un sistema estatal de datos que recabe indicadores, para orientar las políticas públicas y definir los controles necesarios para reducir y prevenir los riesgos asociados a las enfermedades no transmitibles.
