Guanajuato, Gto 6 noviembre 2025. – Con la finalidad de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, personas diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA formuló una iniciativa de reforma a la Constitución Política local, al Código Penal estatal, a la Ley de Salud estatal, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, a la Ley de Educación y a la Ley de Víctimas del Estado.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la diputada Martha Edith Moreno Valencia manifestó que el elemento fundamental de los derechos reproductivos es la garantía de las personas para decidir, sin ningún tipo de violencia o discriminación, sobre todas las cuestiones de su sexualidad y reproducción.
En ese sentido, señaló que una cuestión de primer orden para la autonomía reproductiva es el estatus jurídico y social de la interrupción del embarazo, también nombrada aborto.
La congresista hizo una detallada relatoría de cómo ha sido la evolución en la entidad del tema. Comentó que el Congreso del Estado de Guanajuato decidió incorporar al marco jurídico local el reconocimiento de la persona desde el momento de la concepción, así como detenido diversas iniciativas que se han promovido en la materia, y que la lucha por la interrupción legal del embarazo se ha dado en los campos del litigio estratégico, de los repertorios de acción colectiva contenciosa del movimiento feminista, así como las propuestas legislativas.
Moreno Valencia puntualizó que la propuesta busca derogar el reconocimiento constitucional local de la vida desde la concepción, toda vez que resulta inconstitucional y se convierte en un anclaje injustificado sobre el que se cimenta la criminalización también inconstitucional de las mujeres; la reformulación del apartado sobre el aborto en el Código Penal, para eliminar la responsabilidad penal hasta las 12 semanas de gestación, así como la clasificación como delito grave únicamente en los casos de aborto forzado; reformar la Ley de Salud para reconocer el derecho a la autonomía reproductiva y para establecer su garantía a través de la obligación del Estado para la prestación de los servicios de interrupción del embarazo.
De igual manera, reformar la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la autonomía reproductiva como uno de los principios de la Ley; reformar la Ley de Educación estatal para establecer la educación en salud reproductiva; reformar la Ley de Víctimas del Estado para establecer la garantía de acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima.
