LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO REALIZO MESAS DE TRABAJO PARA DISCUTIR PROPUESTAS LEGALES EN MATERIA DE SALUD.

Guanajuato, Gto 9 Septiembre 2022. – Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevaron a cabo tres mesas de trabajo para el análisis del mismo número de propuestas legales en materia de prevención de enfermedades, mayor protección a hijos menores de edad de madres víctimas de feminicidio y homicidio, y para que la educación que imparta la Universidad de Guanajuato sea gratuita.
Iniciativa para promover la prevención de enfermedades
La diputada María de la Luz Hernández Martínez mencionó que la finalidad de la iniciativa es fortalecer el derecho a la protección de la salud de las personas trabajadoras del servicio público en la entidad, al incorporar una disposición que les permita obtener un día de licencia con goce de sueldo al año para someterse a la realización de exámenes médicos preventivos.
Hernández Martínez señaló que el derecho a la salud es inclusivo, el cual, no solamente atiende los cuidados sanitarios pertinentes y oportunos, sino también los factores que inciden en el estado de salud.
Al respecto, los participantes coincidieron en que la propuesta abona al fortalecimiento del derecho a la salud de los trabajadores; de la misma manera, propusieron incorporar una temporalidad previa para los avisos y tomar alguna referencia de las condiciones generales de trabajo, a fin de que se planifique y no interfiera con las labores cotidianas. También consideraron pertinente valorar el tiempo que tienen laborando para acceder a dicho derecho, así como la forma en que se aplicaría la licencia de acuerdo con las modalidades de trabajo que existe actualmente.
Otros aspectos que se abordaron fue el valorar la importancia de solicitar un certificado médico para justificar la inasistencia del trabajador, así como identificar el tipo de examen médico al que se hace alusión.
Por su parte, desde la Coordinación Jurídica se refirieron al marco jurídico federal y estatal, en donde ya se encuentra regulado el otorgamiento de permisos al personal para los fines particulares, entre los cuales puede ser la realización de exámenes médicos, permisos que deriven en la integridad y apoyo en la vida familiar y personal.
En ese sentido, comentaron que, si bien se cuenta con días al año en cuestión de permisos, no siempre son utilizados para temas médicos, por lo que establecer un día de licencia para una atención médica era pertinente.
En su intervención, la diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que desde su punto de vista es un derecho adicional para que todos los trabajadores, de manera igualitaria, acudan por lo menos una vez al año, con la finalidad de generar conciencia y promover la prevención respecto a la salud.
Por su parte, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá mencionó que el objetivo es fomentar la cultura de la prevención en las personas y que las instituciones públicas puedan otorgar un día específico para atender el tema de salud, era crear una campaña preventiva dentro de las propias instancias, dijo.
Finalmente, se instruyó la elaboración del proyecto de dictamen en sentido positivo.
Iniciativa para ofrecer mayor protección a hijos menores de edad de madres víctimas de feminicidio y homicidio
La legisladora Briseida Anabel Magdaleno González externó que el objetivo de la propuesta era brindar ayuda y asistencia médica en materia de protección a hijos menores de edad de madres víctimas de feminicidio y homicidio, así como servicios de alimentación, jurídicos y medidas para garantizar sus derechos humanos y el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Agregó que la incorporación generará un blindaje al principio de interés superior del menor, puesto que la niñez y la adolescencia son grupos vulnerables, por lo que se requiere de estrategias y medidas especiales para salvaguardar sus derechos y atendiendo sus necesidades específicas.
Los participantes dialogaron sobre los alcances de la iniciativa y estuvieron de acuerdo que dicha propuesta era viable, puesto que busca fortalecer la legislación para garantizar los derechos humanos atendiendo sus necesidades, el acceso a la justicia, recibir una protección integral por parte del Estado para niñas, niños y adolescentes.
De la misma manera, precisaron que al imponer obligaciones a las autoridades estatales se debe considerar dentro del presupuesto los nuevos deberes asignados en materia de asistencia social especializada. Además, propusieron establecer una lista de medidas reforzadas y prioritarias para tal sector; también señalaron que entidades federativas como Jalisco, Puebla, Oaxaca y Veracruz ya cuentan, en su Ley de Víctimas, con disposiciones similares a la propuesta.
Por su parte, Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas, reconoció los esfuerzos realizados por el Congreso del Estado para establecer mecanismos de apoyo emergente para niñas, niños y adolescentes.
Rochín del Rincón, destacó que, con la reforma planteada, se beneficiará directamente a los 502 niños, niñas y adolescentes que actualmente se encuentran inscritos en el registro estatal de víctimas. Propuso eliminar el término directamente, por lo que dijo, con dicha modificación las instancias del sistema de atención integral a víctimas podrán intervenir bajo los mecanismos de protección a víctimas y no solo en los casos en donde la afectación directa es clara.
Al hacer uso de la voz, la legisladora Briseida Anabel Magdaleno González refirió que seguirán trabajando en el combate a la violencia, a la protección de víctimas y en el fortalecimiento de las instituciones para garantizar el interés superior de la niñez en la entidad.
Por su parte, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá sugirió modificar la redacción respecto a que lo que se busca es la inmediatez en la atención, por tratarse, específicamente, de niños que se quedaron desamparados.
Finalmente, la congresista Susana Bermúdez Cano enunció algunos de los comentarios vertidos en la mesa, los cuales serán atendidos y considerados para un posterior análisis.
Iniciativa de reforma para que la educación que imparta la Universidad de Guanajuato sea gratuita
En su intervención, Francisco Escamilla, asesor del grupo parlamentario de MORENA, detalló que la iniciativa consiste en una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, con la finalidad de que la educación que imparta sea gratuita.
Detalló que se debe considerar a la educación como un derecho social y toda vez que, actualmente, la gratuidad no se encuentra totalmente garantizada, ya que existen cobros de aranceles por presentación de examen de ingreso, así como de inscripción.
Al hacer uso de la voz, representantes de la Universidad de Guanajuato comentaron que, dentro de la Ley General de Educación Superior, se encuentra establecido que ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en el artículo tercero constitucional, por lo que para proponer modificaciones se requiere agotar una consulta previa libre e informada a su comunidad universitaria y a los órganos de gobierno competentes de la Universidad, además de contar con una respuesta explicita del Consejo General Universitario, como elemento de procedibilidad del proceso legislativo de reformas a leyes de esta naturaleza.
Asimismo, precisaron que la modificación resultaba innecesaria debido a que la gratuidad de la educación superior ya cuenta con un marco jurídico aplicable para la Universidad de Guanajuato. De tal manera que, si la modificación procediera, se generaría una confusión y podría derivar en problemas de interpretación y aplicación.
Por otra parte, señalaron que la Universidad de Guanajuato ha tomado acciones a favor de la comunidad estudiantil durante el año 2022 y 2023, como el otorgamiento de becas, apoyos institucionales y estímulos estudiantiles, así como la condonación de inscripciones, tanto en el nivel medio superior como superior.
Francisco Escamilla, asesor del grupo parlamentario de MORENA, indicó que únicamente se detuvo el incremento a las inscripciones y los aranceles siguen vigentes, y que no se trataba solamente de poner el principio de gratuidad, implicaba que hubiera de parte de la Universidad un plan de gestión presupuestal adecuado, así como los esfuerzos necesarios del Congreso del Estado para asignarle un presupuesto necesario para llevarlo a cabo.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano destacó que es un tema que le corresponde, por su autonomía, a la Universidad de Guanajuato y una vez escuchado los comentarios vertidos por los representantes de la Universidad, la congresista solicitó la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo.