Guanajuato, Gto 27 marzo 2023. – En sesión de la Comisión de Justicia se aprobaron dos dictámenes de reforma al Código Penal.
El primero, con el objetivo de impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares y apoyar a las víctimas de este delito, que propone una adecuación de la legislación penal en el Estado con la adición de aspectos relativos a la reparación del daño para los entes de gobierno y compradores de fracciones de lotes de asentamientos irregulares, a fin de favorecer la procuración de justicia en beneficio de los entes de gobierno que tienen a su cargo la regulación del ordenamiento ecológico y territorial, y personas víctima de ventas de terrenos irregulares.
El segundo, con el que se pretende que la población tenga acceso a servicios en materia de agua y otorgar certeza jurídica a los actos que realicen las autoridades locales en la provisión de servicios públicos en la materia que, con la reforma penal, busca eliminar la ambigüedad que ha ocasionado que diversas autoridades estatales y municipales se vean limitadas en sus funciones encaminadas a atender a los asentamientos humanos que carecen de servicios públicos básicos.
Como parte del orden del día se radicaron seis propuestas legales. Se trata de cuatro iniciativas de reforma al Código Penal con el objeto de reducir el robo de alcantarillas y rejillas; derogar los artículos declarados inconstitucionales denominados “delitos de halconeo”; penalizar a los servidores públicos que sean integrantes de cualquier institución de seguridad pública, impartición y procuración de justicia, que difundan cualquier tipo de contenido a través de imágenes, videos, documentos o información de la víctima, del cadáver o de sus restos; y tipificar de forma autónoma las conductas que realicen las personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de la carpeta de investigación.
De igual manera dos puntos de acuerdo. El primero para exhortar a la Fiscalía General para que refuerce su política criminal en relación al delito de trata de personas y promueva investigaciones con perspectiva de género que permitan conocer la evolución de este fenómeno delictivo; así como a la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado a que confeccione el Programa Estatal en materia de trata de personas y establezca mecanismos de evaluación.
El segundo para solicitar al fiscal general que informe el número de carpetas de investigación que inició y en su caso judicializó, ejerciendo la acción penal en relación con la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 222-a y 222-b del Código Penal, desde el día de su vigencia y hasta el 06 de marzo del 2023 en que se ha dictado resolución en la acción de inconstitucionalidad. Especificando el tipo penal investigado y la forma de conclusión de cada carpeta iniciada. En el mismo sentido al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, especificando el tipo penal aplicado y la forma de conclusión de cada proceso.
