Guanajuato, Gto 28 noviembre 2024. – El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la Ley para las Juventudes del Estado de Guanajuato para abordar el problema de la falta de oportunidades de empleo formal y salarios dignos a los jóvenes, incluyendo a las y los jóvenes con alguna discapacidad o que provengan de sectores sociales en situación de vulnerabilidad.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia apuntó que desde la normativa que atiende a las juventudes en la entidad se debe reafirmar el derecho que las y los jóvenes tienen al salario igualitario, pero para alcanzarlo es necesario un trabajo digno y bien remunerado, en el cual se tomen en consideración su edad, su seguridad laboral, sus aptitudes y su vocación.
En ese sentido, apuntó que la iniciativa plantea que tanto el gobierno del estado como los municipios supervisen mediante mecanismos institucionales el que la educación de las y los jóvenes no se interrumpa, generando las medidas para que en forma igualitaria haya capacitación laboral y empleo; se les permitan las prácticas profesionales y se fomente, en el ámbito de sus competencias el estímulo a las empresas que permitan el acceso laboral a las personas jóvenes.
Tiscareño Agoitia manifestó que también se busca que tanto el Estado como los municipios establezcan las normas de protección al trabajo en los casos de las personas entre 15 y 18 años, conforme a los instrumentos internacionales y a lo establecido en la Constitución Federal supervisando que se erradique la explotación laboral y que los trabajos asignados cuenten con las normas de seguridad cuando se pueda poner en riesgo la salud integral.
La congresista puntualizó que se pretende regular la incorporación de las y los jóvenes a su primera experiencia laboral y que ésta sea adecuada a su edad, capacidades, habilidades, destrezas y al nivel de preparación académica acreditados; así como establecer que las actividades que desempeñen en ninguna circunstancia irán en detrimento de la formación técnica, académica o profesional de las personas jóvenes.
Finalmente, mencionó que se plantea que tanto el Estado como los municipios, de acuerdo con su capacidad presupuestal, impulsarán políticas públicas, con el financiamiento adecuado, para la capacitación de los jóvenes con alguna discapacidad o que provengan de sectores sociales en situación de vulnerabilidad, a fin de que puedan incorporarse al empleo.
