Guanajuato, Gto 5 diciembre 2024. – Con el objeto de contribuir a garantizar el derecho de acceso a la vivienda, el grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato para establecer la modalidad de arrendamiento social.
Al dar lectura a la exposición de motivos, el diputado Ernesto Millán Soberanes indicó que se busca promover la figura del arrendamiento social, como una variable de las acciones de vivienda a favor de las y los trabajadores al servicio del Estado.
Agregó que, entre los derechos humanos tutelados por la Constitución Política Mexicana, se encuentra el que toda familia tiene a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y que la ley creará los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
En ese sentido, se refirió a la reforma federal en la materia, que, en lo medular, dijo, contempla un sistema de vivienda con orientación social para que las personas derechohabientes puedan obtener un crédito barato para la adquisición de viviendas en propiedad o bajo la figura del arrendamiento social.
Apuntó que, en el Estado de Guanajuato se cuenta con legislación secundaria que aborda el derecho de acceso a la vivienda. Asimismo, mencionó que, de acuerdo con el diagnóstico del rezago habitacional por entidad federativa, producto del Censo de Población y Vivienda 2020, Guanajuato se ubica en el lugar número 22 entre todas las entidades federativas con mayor rezago habitacional.
“Al ingresar una nueva modalidad de acceso a la vivienda, consistente en el arrendamiento social, se amplían las posibilidades de acceder al uso y disfrute de una vivienda a un mayor número de familias”, enfatizó Millán Soberanes.
El legislador puntualizó que el arrendamiento social dejaría a la persona derechohabiente la decisión de elegir entre compra y arrendamiento de la vivienda, considerando que la compra representa una carga económica más alta con un compromiso de plazo fijo y de mayor duración, por lo que puede optar por el arrendamiento social.
Finalmente, precisó que garantizar el derecho a la vivienda mediante un sistema de orientación social estaría acorde a los principios de inversión del Instituto, en cuanto a que no arriesgaría su patrimonio; al contrario, se proyecta la generación de un ingreso por el pago de arrendamiento, con posibilidad de enajenar posteriormente el inmueble al arrendatario.
