noviembre 27, 2020
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  • 4:34 pm Aprueban la creación de la Ley de Fomento a la Actividad Vitivinícola del Estado de Guanajuato.
  • 8:50 pm DA RESPUESTA CONSEJO GENERAL DEL IEEG A SOLICITUD CIUDADANA.
  • 8:47 pm LA CAPITAL DEL ESTADO CUENTA CON UN GRUPO POLICIACO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN A VIOLENCIA DE GÉNERO.

Guanjuato, Gto, 28 de mayo de 2020.- En el Congreso de Guanajuato hubo una cerrazón al no admitir argumentos que comprueban la importancia de despenalizar el aborto para defender los derechos de las mujeres, lamentó la diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero.

“Sobre este dictamen, dije y lo sostengo, solo considera una postura sobre este tema, la protección a la vida desde la concepción, argumentos todos a los que se encaminaron las participaciones de la Coordinación General Jurídica, el Instituto de Investigaciones Legislativas, Secretaría de Salud, Fiscalía del Estado, hasta la propia Procuraduría de los Derechos Humanos que simplistamente concluyó: no tienen por qué entrar en conflicto los derechos humanos del nasciturus con los de la mujer, si esta permanece embarazada. ‘Embarazo’, dicho sea de paso, se entiende luego como castigo cuando se practica la violencia obstétrica y se le dice a la mujer “para qué abrió las patas’”.

“Lo más triste de este dictamen que se pone a consideración, y por esta razón pido que se vote en contra, no dedica ni media cuartilla a analizar la realidad de las mujeres guanajuatenses, si todas tienen acceso a la salud, a los métodos anticonceptivos, la situación de matrimonios forzados en que muchas víctimas

son menores de edad, embarazo adolescente, nada, ni un solo párrafo. se invisibiliza a la mujer en este tema, que tanto le atañe y le concierne. Este dictamen no es digno del trabajo que hemos venido haciendo para consolidar el Parlamento Abierto, para constituirnos como la Casa del Diálogo”, reprochó.

La legisladora lamentó que en Guanajuato desde 2009 en que se “blindó” en Guanajuato la penalización del aborto, a la fecha, no hay políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de aquellas madres que solas se hacen responsables de sus hijos o hijas.

“Como estado somos parte de la terrible estadística nacional en que 3 de cada 4 hijos de madres solteras, no reciben pensión alimenticia; y Guanajuato está dentro de las 3 entidades a nivel nacional con más denuncias por este delito, situación que se confirma don datos de la Fiscalía General del Estado, quien inició 970 carpetas de investigación tan solo en el primer semestre de 2019”, refirió.

Con cifras, la legisladora sostuvo su postura en contra de criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo dentro de las primeras doce semanas.

“No soy proaborto, ni promuevo el aborto, como representante popular de las mujeres en Guanajuato, apelo a la congruencia y razón de los argumentos que hoy me permiten fijar una postura a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, argumentos que puntualizo a continuación, y que por cierto no son explorados a fondo por el dictamen a estudio”, aclaró.

Vanessa Sánchez refirió que la sanción penal prevista para las mujeres que se someten a un aborto, no lo inhibe “datos de la Organización Mundial de la Salud, refiere que en los países donde el aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos, fue seguro. Por el contrario, en países donde el aborto es legal en supuestos más amplios, 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura. Estas cifras, mencionadas junto con algunas otras cifras de la realidad en Guanajuato, no fueron siquiera consideradas en el dictamen”.

Sánchez Cordero también refirió que la mayoría de los países occidentales que permiten la interrupción del embarazo, destacan por su sistema democrático y una efectiva protección de los derechos humanos.

De acuerdo a la diputada y con base al orden constitucional mexicano, obligar a la mujer a tener un hijo no deseado, por la acción punitiva del Estado, es también una acción discriminatoria hacia la mujer; y la denegación de asistencia clínica en aquellos casos en los que la mujer los requiere, en cuanto a su condición de género, constituye una violación a su derecho a la no discriminación.

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