Guanajuato, Gto. 12 Ene. (GPPRI).- Las y los diputados que integran el Grupo Parlamentario del PRI rechazaron la centralización del Sistema Nacional de Salud impulsada desde la Secretaría de Salud federal que pondría en riesgo la vida de más guanajuatenses, al pretender que sea exclusivamente la federación quien se encargue de adquirir y aplicar las vacunas.
Lo anterior, toda vez que el gobierno federal ha demostrado incapacidad en la atención a la población desde el inicio de la emergencia sanitaria.
No se debe usar la vacuna contra el coronavirus con fines propagandísticos y mucho menos se debe monopolizar.
Asimismo, los legisladores del PRI urgen al Gobierno de la República a garantizar una distribución equitativa de las vacunas en Guanajuato, y que se incluya no solo a personal médico de hospitales Covid sino de centros de salud comunitarios y consultorios que han atendido innumerables casos sospechosos y confirmados del SARS-CoV-2, pero que no han sido considerados en estrategia de vacunación contra el Covid-19, a pesar de que también están al frente de la batalla o en primera línea.
El plan de vacunación presentado por el gobierno federal no resuelve las necesidades de la población mexicana y carece de un enfoque regional que atienda las necesidades de cada estado y región.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19 (Ensanut), 56.8 por ciento del total de consultas médicas se proporcionan en el sector público.
En tanto, el sector privado incluyendo médicos independientes y de consultorios que dependen de farmacias, aporta 43.2 por ciento. A estos últimos no se ha tomado en cuenta en el primer plan de vacunación.
Hay médicos que están en riesgo porque están en comunidades alejadas, que ahí no los exime de tener un contagio por Covid, o en sus consultorios particulares o también los que están atendiendo pacientes con sintomatología de Covid en consultorios de farmacias.
Su equipo de protección es muy básico, cubrebocas, careta y bata quirúrgica.
El Grupo Parlamentario del PRI está consciente de los desafíos relacionados con la distribución y administración de la vacuna de COVID-19.
Dada la escala y complejidad, ningún gobierno u organización pueden resolver por su cuenta este desafío de la distribución.
El Grupo Parlamentario del PRI puntualiza que el gobierno federal está obligado a garantizar el derecho a la salud y a proteger a todos los grupos de la población ante el coronavirus, sin importar qué partido gobierne en cada estado.
Debe transparentar los contratos para la adquisición de vacunas, las fechas de entrega y el avance de la logística para su aplicación.
