EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO APRUEBAN DICTAMEN DE REFORMAS A FAVOR DE MENORES DE EDAD HIJOS DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO U HOMICIDIO

Guanajuato, Gto11 octubre 2022. – En sesión de la Comisión de Justicia se aprobaron reformas a la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social que tiene como objeto reconocer el derecho de asistencia social a hijos e hijas menores de edad de mujeres víctimas de un feminicidio u homicidio.
Con estas reformas se establece que tienen derecho a la asistencia social, los individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, entre los que se comprenden, entre lo que se contempla a los hijos e hijas menores de edad de mujeres víctimas de un feminicidio u homicidio.
Además, aprobaron el dictamen en el que se establece el archivo definitivo de la iniciativa de reforma al Código Civil que buscaba garantizar los alimentos a mayores de edad que cursen un grado académico acorde a su edad.
Análisis de iniciativas
Como parte del orden del día se analizaron dos propuestas legales. La primera, una iniciativa de reforma al Código Civil en materia de bienes digitales, la cual busca dar certeza a la propiedad de bienes digitales para poder ser transmitidos y se fortalece el reconocimiento y cuidado del patrimonio moral de las personas.
Alma Delia Camacho Patlán, magistrada civil del Supremo Tribunal de Justicia, comentó que de inicio la propuesta les parecía aceptable y de alguna manera era importante que el guanajuatense empiece a legislar sobre esos bienes, pero consideró inacabada o poco visible el objeto de la protección con la iniciativa, que no se alcazaba a percibir, ni se define lo que es un patrimonio digital y se tendría que ver el impacto con la legislación federal.
Agregó que tampoco no se estaba definiendo patrimonio moral y eso impacta en la adición presentada, y que se proponía crear un capítulo que no sería necesario, cuando todo lo que no sea bien inmueble entra en bienes muebles.
Por su parte, José Manuel Bribiesca de la Coordinación General Jurídica mencionó que la propuesta es confusa respecto a lo que pretende proteger, no especificaba lo que era patrimonio moral, ni contaba con los elementos suficientes que permitan dilucidar el alcance de esta. Además, coincidió en que debe revisarse que no contravenga a la legislación federal.
La diputada Susana Bermúdez Cano señaló que estaba de acuerdo con lo expuesto con sus antecesores, y que en la exposición de motivos no se mostraban datos de la entidad, que únicamente señala que hay una posibilidad de disponer de esos bienes y no se especifica qué es lo que se desea atender o busca el iniciante evitar con la propuesta.
Apuntó que no solo estaba incompleta, sino que no quedaba claro si tenían competencia o no, al referirse a los contratos que se signan al descargar alguna plataforma digital.
En su intervención, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá indicó que al no tener claro el alcance le generaba duda la competencia, por lo que consideró que al no ser precisa la propuesta, no poderse determinar un beneficio real y una problemática qué atender, instruía la elaboración del dictamen en sentido negativo.
En un segundo momento, se revisó la propuesta que plantea modificaciones a la misma norma jurídica para establecer que los poderes públicos sean inscritos en el Registro Público por el notario que los otorga a finde dar mayor certeza jurídica.
José Federico Ruiz Chávez de la Coordinación General Jurídica manifestó que se tendría que analizar la adscripción del notario público, asumiendo que aquellos cuyo fiat tiene adscripción en la entidad podrían hacer la presentación en cualquiera de las 24 oficinas registrales; así como ponderar el impacto jurídico al régimen de responsabilidad notarial.
La legisladora Susana Bermúdez Cano argumentó que el iniciante no tiene claro el objeto para el cual presenta la propuesta y no veía el punto de la modificación; mientras que la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá refirió que los mandatos surten efectos en el lugar donde se tenga que registrar y que estarían estableciendo una regla que además de incurrir en responsabilidad para los notarios estaría entorpeciendo el propio proceso.
Finalmente, Márquez Alcalá abundó que se llegaba a dos conclusiones; primero, que ya se encuentra previsto de manera adecuada con la ley vigente tal como está y que con los criterios que expide la Secretaría de Gobierno, en donde se delimitan diferentes posibilidades, tiene que quedar ahí para que sea flexible, porque la ley va a seguir cambiando y se van a seguir moviendo diferentes cosas en Guanajuato y en otros estados; así como las cuestiones consulares y así la Secretaría tendrá la posibilidad de hacer los ajustes pertinentes para poder continuar dándole certeza jurídica.