Guanajuato, Gto 18 Julio 2023 . – La Comisión de Asuntos Electorales realizó dos mesas de trabajo con la finalidad de analizar con representantes de instituciones y partidos políticos cinco iniciativas de reforma a la normativa electoral de la entidad.
La primera de las iniciativas tiene como finalidad procurar que no lleguen agresores al poder público mediante el establecimiento de requisitos de elegibilidad para procurar que las personas que posean un perfil agresivo, violento o irresponsable no accedan a los puestos de decisión públicos ni a los cargos de elección popular.
La diputada Yulma Rocha Aguilar explicó que esta propuesta otorga a los partidos políticos la responsbilidad de postular a personas idóneas. Detalló que, de acuerdo con la iniciativa, en caso de que se postule a alguien con este perfil y no se modifique en los tiempos adecuados, se considerará que no se generó postulación alguna.
Relativo a la iniciativa que propone evitar que violentadores de mujeres y deudores alimentarios puedan ser diputados, gobernadores o integrantes de ayuntamientos al incluir entre los requisitos para ocupar dichos cargos el no estar condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, por delitos de violencia familiar o contra la libertad sexual ni haber sido declarado judicialmente como deudor alimentario en ninguna entidad federativa, Rocha Aguilar indicó que que esta acreditación debe realizarse mediante un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, la persona interesada asegure que no se encuentra en los supuestos antes mencionados.
La legisladora recordó que la iniciativa se presentó previo a la aprobación de una reforma análoga a la Constitución, por lo que solicitó que la propuesta analizada se adecue a lo que indican los cambios que ya fueron admitidos por el Congreso de la Unión; con ello coincidió la representante del IEEG.
Por su parte, Yari Zapata López, magistrada del Tibunal Electoral del Estado (TEEG), señaló que este tipo de recursos buscan garantizar la idoneidad de las personas que pretenden representar a la ciudadanía en el Gobierno y afirmó que es conveniente establecer una temporalidad de la restricción.
La magistrada agregó que en tanto que la segunda iniciativa enlistada busca suspender los derechos de la ciudadanía, sería adecuado que se firme un convenio entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la Fiscalía y el Poder Judicial, con la finalidad de que puedan compartir la información de las personas que ya tienen una sentencia firme, con el objetivo de que no sea necesario presentar un escrito bajo protesta de decir verdad.
Las representantes de la Universidad de Guanajuato, Iliana Alejandra Bernardino Cruz y Luz María Velázquez Cárdenas sugirieron vigilar la armonización con otras normas y el impacto que la iniciativa puede tener en las mismas. Asimismo, señalaron que ésta es una oportunidad de acabar con la impunidad y mostrar que sí hay consecuencias ante las violencias.
René Estrada Sotelo, del Instituto de Investigaciones Legislativas, señaló la importancia de que en el caso de los deudores alimentarios morosos medie la declaración judicial de que la persona candidata es morosa alimentaria.
Sobre la segunda iniciativa, Carlos Manuel Torres Yáñez, de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, mencionó que al IEEG podría corresponderle la obligación de cersiorarse de que las manifestaciones realizadas mediante la verificación de los requisitos de eligibilidad.
En tanto, el representante de MC se manifestó a favor de las iniciativas; el PVEM sugirió realizar la armonización vigilando que los términos de la ley local sean coincidentes con la federal.
Durante su primera intervención, la representante de Morena recordó que las más recientes reformas electorales que se aprobaron en Guanajuato están siendo revisadas por la Suprema Corte de Justicia, en tanto que su partido promovió una acción de inconstitucionalidad, motivo por el cual las propuestas de reforma que se analizaron no podrían entrar en vigor para el próximo período electoral.
Al respecto, la diputada Susana Bermúdez Cano mencionó que si bien se inició el procedimiento referido por la morenista al día de hoy no se ha ordenado ninguna suspensión en contra del ordenamiento por lo que es factible continuar con el análisis de las iniciativas. Asimismo, indicó que el ine señaló como recomendación que el inicio del proceso en Guanajuato sea el 25 de noviembre, como se aprobó en la reforma electoral.
De vuelta a su reflexión sobre la primera iniciativa, la representante del citado instituto político mencionó que ésta ya se encuentra considerada por las recientes reformas a la Constitución aprobadas en comisiones. Relativo a la segunda solicitó corregir la redacción para que se considere que tanto candidatas como candidatos pueden ver sus derechos limitados.
El PRI se sumó a los comentarios de MC y PVEM; agregó que si bien en dicho partido están en favor del reconocimiento de los derechos de todas las personas, la técnica legislativa llama a evitar los desdoblamientos de género y usar sustantivos colectivos o adjetivos sin marca de género.
Por su parte, el representante del PAN indicó que la iniciativa no es viable debido a que los objetivos de la misma ya se encuentran considerados por la reforma a la Constitución estatal que fue aprobada en días pasados; en ese sentido, llamó a evitar la sobrerregulación.
La diputada Susana Bermúdez Cano coincidió con lo planteado por el representante del PAN y recordó que ya son 15 los municipios que aprobaron la reforma constitucional respecto a la 3 de 3 contra la violencia de género.
Sobre la sustitución de candidatos, indicó que no es necesario establecer los supuestos en caso de incumplimiento de requisitos, pues esto ya se encuentra contenido en la normatividad local.
Referente a la iniciativa que pretende proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes limitando la utilización de su imagen en propaganda electoral a que medie, por escrito, el consentimiento de la madre, del padre, tutor o quien ejerza la patria potestad y la opinión informada del o la menor.
La diputada, Susana Bermúdez Cano señaló que aprobar esta iniciativa representaría sobrerregular en la materia.
El TEEG indicó que falta legislación para garantizar el derecho a la intimidad de las personas menores de edad. Agregó que no existe impedimento para generar aprobar la iniciativa y pidió agregar lo dispuesto por el INE en la materia para aumentar la protección, criterio con el que coincidió Carolina Gasca Arriaga, representante del IEEG.
Por su parte, el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, concordó con que existen criterios que regulan la protección a la intimidad de las niñas, niños y adolescentes; y finalizó señalando que coinciden con la finalidad de la iniciativa.
Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, de la Coordinación General Jurídica, sugirió modificar el concepto de “menores” por el de “niñas, niños y adolescentes”.
En lo que toca a los partidos políticos, MC se manifestó a favor de incluir la limitación en el texto normativo local para que la ciudadanía pueda saber cómo proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Misma postura tuvo la representante de PVEM, quien agregó la sugerencia de que se recupere la regulación que el INE tiene al respecto.
Tanto el PRI como el PAN se manifestaron a favor. Particularmente AN afirmó que la propuesta no es la mas apropiada en materia de su redacción, por lo que sugirió mejorarla.
Posteriormente se analizó la iniciativa que plantea establecer que el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, en lo sucesivo se denomine “Juicio Ciudadano”, con lo que se amplía el espectro de protección ciudadana a todos aquellos derechos fundamentales estrechamente derivados o vinculados con los derechos político-electorales, y con ello se hace extensiva la tutela judicial efectiva de estos derechos en beneficio de todas y todos los ciudadanos del Estado de Guanajuato, dentro y fuera de los procesos electorales.
Al respecto, la diputada Bermúdez Cano mencionó que la denominación actual no debe perder su naturaleza al simplificar el nombre.
La representante del IEEG señaló que advierte que la iniciativa se encuentra acorde a los tratados internacionales y jurisprudencias; además, consideró que abona a una mayor proteccion a los derechos humanos vinculados con los derechos político-electorales.
El TEEG señaló que con el cambio de denominación no se alcanza el impacto esperado, pues no se modifican los supuestos de procedencia ni el procedimiento; además de que el juicio actualmente ya resuelve sobre los derechos político electorales.
El Inileg, en voz de Mario Revilla, coincidió que la denominación es adecuada de acuerdo a su naturaleza y alcance jurídico, el cambio de nombre unicamente tiene un sentido de juridicidad y agregó que es obligación de los poderes del Estado actuar en apego a los procesos, indistintamente de la denominación de los mismos.
MC se manifestó a favor de la modificación en tanto que elimina las distinciones entre lo masculino y lo femenino; PVEM señaló que no hay obstáculos para no aprobar la iniciativa.
La representante de Morena indicó que es ilógico el modificar la ley por una cuestión de forma y no de fondo.
El PRI se posicionó a favor del cambio y señaló que es de importancia no replicar lo que indica la norma general sin revisar las particularidades de la entidad.
Por su parte, el PAN indicó que no se ve viable la propuesta en tanto que se suprimen algunos párrafos, lo que afectaría el derecho ciudadano de proceder en contra de los actos internos de los partidos; además de que se generaría contradicción con la Constitución y se disminuye la eficiencia de la norma. Todas estos elementos, dijo, representan una disminución en la protección del procedimiento.
Sobre la iniciativa referente a reducir tiempos en la sustanciación y resolución de las denuncias presentadas por violencia política de género al evitar burocracia administrativa, la portavoz del IEEG dijo que esta iniciativa provocaría que el procedimiento especial sancionador pierda la calidad de juicio acusatorio y se regrese al esquema inquisitivo.
La magistrada del TEEG mencionó que es importante que con la propuesta de la reforma trastoca las facultades de las personas que integran dicho Tribunal y el representante de la Coordinación General Jurídica se manifestó en contra de que se confieran atribuciones de investigación a dicho órgano jurisdiccional.
Por su parte, la diputada Bermúdez Cano señaló que la iniciativa no es viable, pues, lejos de trasladar la responsabilidad de la investigación de una autoridad administrativa a una jurisdiccional, se deben buscar mecanismos que fortalezcan las instituciones y sus procesos.
El representante de MC indicó que existe coincidencia en la necesidad de reducir los tiempos; pero no en el mecanismo que se plantea para resolver la demora en los procedimientos.
El PVEM planteó que la iniciativa es contraria a la integración del sistema de impugnación en materia electoral, además de que la propuesta genera confusiones. Por los anteriores motivos indicó que el Verde no está a favor de la propuesta.
La representante de Morena mencionó que la iniciativa representaría un gran paso en favor de las mujeres, a quienes daría mayor certeza y confianza.
El portavoz del PRI se posicionó en contra al señalar que la propuesta rompe con el principio de imparcialidad y las formalidades esenciales del debido proceso.
Durante las mesas estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Lilia Margarita Rionda Salas y Yulma Rocha Aguilar; así como los diputados Gustavo Adolfo Alfaro Reyes (presidente) y David Martínez Mendizábal.
Se contó además con la participación de representantes del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos de la entidad; así como del PAN, PRI, Morena, PVEM y Movimiento Ciudadano.
